El Ministerio Público confirmó la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle luego de determinar que existió una participación indebida en política durante la contienda electoral de 2022, al utilizar sus redes sociales y su investidura para manifestar preferencias por una coalición específica y quebrantar el principio de imparcialidad que la Constitución exige a todos los servidores públicos.

La Procuraduría explicó que la conducta de Quintero no fue un descuido sino que obró a título de dolo, es decir, con la plena voluntad de incumplir la norma.

La entidad señaló que el entonces Alcalde aprovechó su posición de autoridad para enviar mensajes que, aunque a veces no mencionaban nombres explícitos, tenían una clara intención de influir en el electorado a favor del Pacto Histórico.

Según el órgano de control, Quintero se convirtió en protagonista de comportamientos que afectaron las garantías de equilibrio democrático en medio de una campaña presidencial.

Entre las pruebas que valoró la Procuraduría para dejar en firme la decisión se encuentran publicaciones realizadas en fechas clave como el 17 de marzo y el 9 de mayo de 2022. Uno de los episodios más recordados y citados en el proceso fue la difusión de un video en el que el exalcalde, dentro de un vehículo, ajustaba la palanca de cambios y decía la frase «el cambio en primera».

Esta expresión se vinculó directamente con el lema de campaña del hoy presidente, Gustavo Petro. Asimismo, se tuvo en cuenta una fotografía donde Quintero exhibió públicamente el tarjetón de la consulta interpartidista de esa misma coalición política.

Además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante medio año, la sanción trajo consigo una consecuencia económica considerable. Se confirmó que Quintero deberá pagar una multa de $104 millones.

Esta decisión llega en un momento donde se debate el futuro político del exmandatario regional, pues diversos analistas señalaron que un fallo de esta naturaleza afecta su imagen pública, tras su salida de la administración municipal y podría reconfigurar el panorama para otros candidatos del sector progresista.

El fallo disciplinario generó en su momento una reacción inmediata por parte de Quintero, quien aseguró, a través de sus redes sociales, que esta determinación busca sacarlo de la carrera por la Presidencia en 2026.

El exalcalde calificó la decisión de la Procuraduría como un «zarpazo» a la democracia y argumentó que se trata de una entidad cuestionada que, según su visión, violó la Convención Americana de Derechos Humanos al sancionar a un funcionario elegido por voto popular, una competencia que él alega debería ser exclusiva de un juez penal.

La entonces procuradora general, Margarita Cabello, se pronunció frente a las acusaciones de corrupción lanzadas por el exalcalde tras conocerse el fallo. La funcionaria defendió la institucionalidad y afirmó que a los servidores públicos les molesta cuando los vigilan.

Cabello cuestionó la postura de quienes tildan a la entidad de corrupta únicamente cuando las decisiones son sancionatorias, pero omiten opinar cuando los fallos resultan favorables a los implicados.

El debate jurídico planteado por la defensa de Quintero intentó comparar su caso con el que vivió Petro cuando fue alcalde de Bogotá y resultó destituido por el exprocurador Alejandro Ordóñez, situación que luego revirtió la Corte Interamericana.

Sin embargo, la Procuraduría recordó que la Corte Constitucional validó la facultad de la entidad para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular, aclarando que en el caso de quienes aún están en ejercicio, la sanción requiere una revisión del Consejo de Estado, pero al ser Quintero un exfuncionario, la competencia se aplicó de manera directa.

 

(Colprensa)