La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ante el aumento de la confrontación armada que afecta tanto el casco urbano de Briceño (Antioquia) como los corregimientos de Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón. Según el organismo, el riesgo deriva de dos disputas simultáneas: por un lado, los choques entre el Frente 36 —perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes— y el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos; y por otro, la pugna entre ese mismo Frente 36 y el Ejército Gaitanista de Colombia. La reciente adhesión del Frente 18 al Nuevo Estado Mayor Central habría intensificado la tensión en un territorio estratégico para el control de economías ilícitas.
Consecuencias humanitarias y control armado sobre la población
Hacemos un llamado humanitario a través de la Alerta Temprana 019 de 2025 para el municipio de Briceño, Antioquia.
Esta Alerta formula 18 recomendaciones, orientadas a impulsar una respuesta rápida en disuasión, prevención urgente, protección, atención humanitaria y acceso a la… pic.twitter.com/u7tLzjJujp
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 26, 2025
La Defensoría alertó que la violencia ya dejó diez jóvenes asesinados en 2025 y un desplazamiento masivo de 1.033 familias, forzadas a abandonar sus hogares por órdenes de grupos armados. Además, se documentó una fuerte “gobernanza armada” que incluye panfletos amenazantes, restricciones de movilidad, imposición de horarios y exigencia de permisos comunitarios para ingresar al territorio.
Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario también se han incrementado, como la detención de una ambulancia y la agresión a un paciente en julio, así como la siembra de minas antipersonal por parte del Frente 36, lo que eleva el riesgo para civiles, especialmente para comunidades retornadas.
Los grupos armados representan una amenaza crítica para niños, niñas y adolescentes —propensos al reclutamiento y a la desescolarización— y para las mujeres, que enfrentan estigmatización y violencia. También se registran amenazas a docentes, lo que afecta directamente la continuidad educativa en la zona. Ante este escenario, la Defensoría formuló 18 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la UNP, AICMA, ICBF y la Fiscalía.
Las acciones solicitadas incluyen medidas urgentes de prevención, protección a población vulnerable, atención humanitaria y fortalecimiento del acceso a la justicia para frenar los delitos cometidos por los actores armados ilegales en Briceño.



