Al menos nueve ex integrantes del Ejército fueron acusados por su presunta participación en actos de tortura contra 11 civiles, durante los hechos de la toma del Palacio de Justicia, ocurridos en 1985, por un escuadron de guerrilleros del desaparecido M-19.

La resolución de acusación contra los ex uniformados la profirió una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, precisó esta noche la Fiscalía General de la Nación, que agregó que las víctimas fueron señaladas equivocadamente de ser “sospechosos”, en el marco de la operación de retoma emprendida por los militares.

Los oficiles retirados fueron llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada. Entre los acusados está el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien en esa época se desempeñó como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI).

También figuran en la lista de acusados el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, para entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y cinco sargentos en retiro que también integraron el B-2.

Los elementos probatorios recopilados indicaron que estos oficiales y suboficiales, haciendo uso de sus cargos, estuvieron involucrados en el trato cruel y degradante que sufrieron las 11 víctimas.

Se trató de personas que salieron del Palacio y fueron trasladadas a la Casa del Florero, de allí conducidas a instalaciones militares y de la Policía bajo la hipótesis de que estaban vinculadas a la toma ejecutada por el M-19.

La Fiscalía destacó que dos de las víctimas fueron estudiantes de derecho que simplemente visitaban la sede judicial. Ellos, junto con la mayoría de los afectados, fueron rescatados en medio del cruce de disparos y posteriormente llevados a diferentes lugares para ser interrogados en medio de humillaciones.

Otro de los civiles torturados fue un funcionario de obras públicas, quien fue interceptado en un retén, trasladado a la Escuela de Caballería del Ejército donde fue golpeado y luego detenido en la cárcel La Modelo durante 15 días.

El ataque y la retoma del Palacio de Justicia ocurrió entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. La decisión emitida por la Fiscalía corresponde a la primera instancia del proceso y en su contra proceden los recursos legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.

 

(Colprensa)