El Gobierno puso en marcha el régimen especial de los Territorios Indígenas en la Amazonía mediante la expedición de ocho decretos presidenciales, que permite el ejercicio efectivo de la autodeterminación, la delimitación y administración territorial propia, así como la planificación basada en los planes de vida de los pueblos originarios.

Las normas, firmadas por el presidente, Gustavo Petro, representan un hito en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas.

Con la entrada en vigor de los decretos, se habilita además la operación de sistemas propios como el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (Sispi) y el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), bajo un esquema de relacionamiento institucional de “gobierno a gobierno” entre el Estado y las autoridades indígenas.

Según el Ejecutivo, la medida cierra un vacío institucional existente desde 2001, al reglamentar y hacer operativos derechos constitucionales ya reconocidos, pero que no habían sido implementados plenamente. En particular, se fortalece la autonomía indígena en su dimensión política y administrativa y se habilita la recepción y administración directa de recursos públicos, incluida la cooperación internacional, con criterios de transparencia y pertinencia cultural.

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, afirmó que con estos decretos “se empieza a saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas de la Amazonía”, al hacer efectiva su autonomía dentro del orden constitucional colombiano.

La expedición de las normas es el resultado de un proceso de construcción colectiva iniciado en 2023, que incluyó diálogos sostenidos durante 2024 entre autoridades indígenas y varias entidades del Gobierno nacional, entre ellas los ministerios del Interior, Ambiente, Agricultura y Salud.

De ese trabajo surgieron instrumentos jurídicos que, según el Gobierno, reconocen la diversidad cultural, política y de conocimiento del país.

Desde el punto de vista ambiental, las decisiones adquieren un carácter estratégico al articularse con la creación de la primera Reserva de Recursos Naturales Renovables del Bioma Amazónico, que abarca cerca del 42% del territorio nacional.

El reconocimiento de las autoridades indígenas, señaló el Gobierno, fortalece los procesos de consulta previa y consolida alianzas clave para la protección de la Amazonía.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, destacó que estas medidas permiten establecer una coordinación directa con los pueblos indígenas en la gestión ambiental de la región, considerada fundamental para el equilibrio climático del país y del planeta.

Por su parte, representantes de los consejos indígenas calificaron la expedición de los decretos como un avance histórico frente a décadas de centralismo estatal y subrayaron que el reconocimiento efectivo de los territorios indígenas contribuye a la construcción de paz, la acción climática, el cuidado del agua y la sostenibilidad de la vida en la Amazonía.

 

(Colprensa)