Se profundiza la controversia alrededor del gerente de Emcali, Roger Mina, luego de que salieran a la luz documentos que contradicen su versión sobre la inexistencia de un proceso contractual para la modernización del alumbrado público en Cali, proyecto que ya es objeto de investigación disciplinaria.
La situación se presenta días después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la suspensión provisional por tres meses del funcionario, al advertir presuntas irregularidades en la planeación y manejo del proceso contractual. Tras conocerse la medida, Mina aseguró públicamente que desde la gerencia no existía ningún proceso en curso, que únicamente se había adelantado un estudio de mercado y que había atendido todos los requerimientos de los entes de control.
No obstante, el veedor ciudadano y abogado Angello Vásquez reveló que tuvo acceso a comunicaciones oficiales enviadas por Emcali a potenciales oferentes, las cuales evidenciarían que sí se estaba desarrollando un proceso con estructura definida. Según Vásquez, los documentos incluyen un cronograma detallado, con etapas, fechas y procedimientos claramente establecidos.
“Lo que conocimos no corresponde a simples intercambios informales. Se trata de un cronograma oficial remitido a los proponentes, donde se fijan fases del proceso y plazos concretos”, señaló el veedor, al advertir que la información contradice de manera directa las declaraciones del gerente suspendido.
Los documentos también contemplan fechas para responder observaciones y remitir términos actualizados, lo que, según el denunciante, demuestra la existencia de una planeación previa y un proceso en desarrollo. A juicio de Vásquez, negar la existencia de dicho procedimiento podría configurar una falsa motivación ante la opinión pública y los organismos de control.
Adicionalmente, se denuncian posibles actuaciones orientadas a favorecer a uno de los proponentes, lo que habría limitado la participación de otros interesados en el proceso licitatorio. Estas presuntas irregularidades deberán ser evaluadas por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones disciplinarias en curso.
