De acuerdo con la entidad, en esta región hay actualmente una disputa por el territorio entre el ELN y el Clan del Golfo.
«La competencia por el control del territorio podría agravar el recrudecimiento de la violencia en el corto plazo, situación que afectaría a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lideresas y líderes sociales, autoridades y comunidades étnicas y campesinas, como también a firmantes del Acuerdo de Paz», afirmó la entidad.
La presencia ilegal en el departamento la vienen adelantando el Frente Manuel Hernández El Boche, que de tiempo atrás se encontraba en Pueblo Rico y Mistrató, y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, que se ha venido expandiendo en los tres municipios mencionados.
El fin de los dos grupos es controlar los corredores estratégicos que conectan al departamento de Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, que les es de utilidad para fortalecer sus estructuras y controlar las economías ilícitas, que principalmente están ligadas a las actividades de minería ilegal que se desarrollan en la región.
«Estos dos grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas que incluso afectan a alcaldes y a otras y otros servidores públicos, y han generado desplazamientos forzados y confinamientos, afectando principalmente a pueblos étnicos y comunidades campesinas», agregó la entidad.
La Defensoría advirtió sobre los riesgos de que se presente reclutamiento forzado en la zona y que se pueda atacar a firmantes del Acuerdo de Paz asentados en el territorio.
En riesgo alto están 54 veredas, un resguardo indígena (pueblo Embera Chami) y 31 barrios del casco urbano de Belén de Umbría; 59 veredas, 2 resguardos (Embera Chami) y 5 barrios de la zona urbana de Mistrató, y 81 veredas, 2 resguardos (Embera Chami y Embera Katío) y 3 consejos comunitarios de Pueblo Rico.
La Defensoría recomendó que se tomen acciones inmediatas en coordinación entre entidades nacionales, departamentales y municipales.
