El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, exigió celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato del coronel retirado Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, quien falleció tras resultar gravemente herido en el mismo atentado sicarial en el que murió un menor de edad.
El jefe de la cartera solicitó a la Policía desplegar todas las capacidades necesarias para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, anunció que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se tomarán nuevas determinaciones para mitigar los riesgos de seguridad que enfrentan actualmente los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes se han convertido en objetivo militar de las estructuras criminales.
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La muerte del coronel Solano se confirmó este miércoles en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, donde permanecía en la unidad de cuidados intensivos. El oficial retirado no logró recuperarse de las heridas sufridas en el tórax y el abdomen durante el ataque armado registrado la semana pasada en la vía que conduce de Neiva al municipio de Rivera, sobre la Ruta 45.
En el mismo hecho violento, perpetrado hacia las 6:53 de la mañana en el sector conocido como Los Olivos, falleció de manera inmediata el hijo de 11 años del director de la cárcel, Édgar Enrique Rodríguez. El menor, quien viajaba en el vehículo junto a su padre y el subdirector ahora fallecido, recibió un impacto de bala en la cabeza cuando sicarios en motocicleta interceptaron el automotor y dispararon en al menos seis ocasiones.
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Frente a la gravedad de lo ocurrido, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que un grupo especial del CTI de la Fiscalía y la Policía asumió la investigación. A este esfuerzo institucional se sumó el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita judicializar a los responsables de atentar contra la cúpula directiva del establecimiento.
El ataque contra los funcionarios ocurrió apenas una semana después de que la nueva administración asumiera el control de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Neiva, lo que encendió las alarmas en el Gobierno Nacional sobre las represalias violentas que enfrentan los servidores públicos al intentar imponer orden y control en los centros de reclusión del país.
Por Colprensa
