Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías la fiscalía general de la Nación presentó, Carlos Arturo Rodríguez Celis exgobernador de Amazonas, como supuesto responsable de varias irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía.

Cabe mencionar, que, para marzo de 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.

Por otra parte, se evidenció que existían proyectos y propuestas que no soportaban presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas en los periodos del 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni lograba contara con el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), quien cumplía el papel como entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

Asimismo, las evidencias cuentan que, para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones. La primera con información falsa que pretendía justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, sin que existiera mención alguna en él; y la segunda suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.

Por otro lado, quienes se desempeñaban como empleados del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador sobre la inconveniencia de continuar con la licitación del proceso contractual por las deficiencias previas detectadas.

Finalmente, lejos de atender cualquier advertencia, el exmandatario celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu (Amazonas), y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a 26.869 millones de pesos.