El Ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno Nacional tomará todas las medidas legales necesarias para blindar el incremento del salario mínimo, el cual fue fijado en $2.000.000 para el año 2026. La movilización jurídica del Ejecutivo surge como respuesta inmediata a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025. Según Benedetti, el objetivo primordial es garantizar la tranquilidad de la fuerza laboral y mantener el poder adquisitivo frente a la impugnación del alto tribunal.
La controversia radica en que la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, concluyó que el Gobierno se extralimitó al fijar un aumento del 23%. El fallo señala una presunta infracción al artículo 8 de la Ley 278 de 1996, argumentando que el Ejecutivo sustituyó los parámetros legales obligatorios —como la inflación (5,10%) y la productividad (0,91%)— por el concepto de «salario vital». Este último, según el tribunal, carece de sustento en la legislación colombiana vigente como factor determinante para el ajuste salarial.
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El tribunal advirtió además una «evidente desconexión» entre el crecimiento económico real y la cifra decretada unilateralmente. Aunque la administración actual se basó en estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el fallo sostiene que no se explicó de manera verificable cómo las variables internas incidieron en el monto final. La decisión judicial ha generado un choque de poderes, pues el Gobierno insiste en que el ajuste es una herramienta de justicia social necesaria para cerrar las brechas de desigualdad en el país.
De no prosperar la defensa del Estado, el país podría enfrentar un retroceso técnico hacia una cifra cercana a los $1.750.905, basándose estrictamente en los criterios de ley. Este escenario jurídico-económico plantea un desafío sin precedentes para la estabilidad financiera y el clima de inversión en lo que resta del año fiscal 2026.
