La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental al archivar la investigación contra 26 congresistas señalados de presunto tráfico de influencias en la DIAN. El proceso se originó tras las denuncias del exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, quien sugirió que varios legisladores habrían solicitado puestos burocráticos. La magistrada Cristina Lombana, ponente de la decisión, determinó que no existen pruebas suficientes para mantener vinculados a la mayoría de los señalados en este expediente de supuestas irregularidades administrativas.

Sin embargo, el panorama judicial no se despeja para todos. El alto tribunal confirmó que los congresistas Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Jairo Castellanos seguirán vinculados a la investigación formal. Según fuentes judiciales, sobre ellos recaen indicios que requieren una etapa probatoria más profunda para esclarecer su grado de participación en las presuntas presiones hacia la entidad recaudadora de impuestos. Cabe resaltar que otra parte de estos hechos sigue bajo estudio en el despacho del magistrado Francisco Farfán.

El fallo también tuvo repercusiones para figuras que no ostentaban el cargo de congresistas al momento de los hechos. La Corte decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y a Gilberto Rondón, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro. Al no contar con el fuero de congresistas para la época de los sucesos denunciados, será la justicia ordinaria la encargada de determinar si hubo alguna conducta penal en sus actuaciones.

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Entre los beneficiados por el archivo se encuentran nombres de peso político como David Barguil, Agmeth Escaf, Mauricio Gómez Amín y Ciro Ramírez. Asimismo, el tribunal se inhibió de pronunciarse sobre Mario Alberto Castaño debido a su fallecimiento. Este caso, que sacudió la opinión pública por las tensiones entre el Legislativo y la dirección de la DIAN, entra ahora en una fase definitiva donde solo tres parlamentarios deberán responder ante la Sala de Instrucción para demostrar su inocencia.