Luego de permanecer cerca de 36 horas privado de la libertad, el candidato conservador al Senado, Andrés Vásquez, entregó declaraciones públicas sobre la retención ilegal de la que fue víctima en el municipio de Pelaya.

El aspirante aseguró que el hecho no fue un simple acto delincuencial, sino una intimidación relacionada con sus denuncias contra organizaciones encargadas del recaudo de derechos de autor en el país.

En entrevista con Blu Radio, Vásquez relató los momentos de tensión que vivió tras ser interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

Según su versión, fue trasladado a una vivienda del sector donde permaneció bajo vigilancia constante.

“Pasé toda la noche sentado en una silla”, afirmó el candidato, al describir las condiciones en las que estuvo retenido.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la explicación que, según él, le dieron sus captores: calificaron el hecho como una acción “preventiva”.

Vásquez sostiene que durante la retención le advirtieron que debía frenar sus denuncias públicas contra Sayco y Acinpro, entidades encargadas del recaudo de derechos de autor y conexos en Colombia.

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El candidato ha sido crítico del modelo de cobro aplicado a comerciantes y empresarios, a quienes asegura haber asesorado durante más de una década frente a lo que considera “tarifas arbitrarias”.

“Me manifestaron que no querían que yo siguiera con las denuncias contra la empresa privada Sayco y Acinpro”, reiteró en la entrevista radial.

Tras la gravedad de las afirmaciones, Sayco – Acinpro emitió un comunicado en el que rechaza de manera categórica cualquier vínculo con la retención ilegal del candidato.

La organización pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva para esclarecer quiénes están detrás del hecho y por qué se utilizó el nombre de la entidad en este contexto.

Las autoridades competentes avanzan en la recopilación de información para determinar responsabilidades y establecer si la retención tuvo motivaciones políticas, económicas o si se trató de un acto de delincuencia común.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos, especialmente por producirse en plena temporada electoral rumbo al Congreso 2026, en un contexto donde la seguridad de los candidatos vuelve a estar en el centro del debate nacional.