La aspiración de Julio Aníbal Álvarez a la Cámara de Representantes por el departamento de Nariño enfrenta un panorama jurídico crítico a pocos días de los comicios. El Comité de Transparencia Ciudadana Electoral interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), aportando pruebas que podrían derivar en la anulación de su candidatura o de su eventual elección, debido a presuntas irregularidades en la captación de sufragios que vulnerarían la ley electoral.
El eje de la controversia es un video del 11 de febrero en el barrio Cantarana de Pasto. En las imágenes aparece Wílber Murillo, entonces Subsecretario de Infraestructura Urbana, quien habría utilizado una reunión comunitaria para manifestar un respaldo político explícito al candidato liberal. Es preocupante que se permitiera la intervención de delegados con insignias del Partido Liberal Colombiano durante un acto oficial de gestión pública, lo cual contraviene directamente las leyes de participación en política para servidores públien 
Para los entes de control, estos hechos configurarían delitos de constreñimiento al sufragante. La investigación busca determinar si la promesa de ejecución de obras públicas fue utilizada como moneda de cambio para asegurar votos en sectores vulnerables de Pasto. Ante la gravedad, el alcalde Nicolás Toro anunció la apertura de procesos disciplinarios internos y confirmó que llevará el caso ante la justicia penal para deslindar responsabilidades, asegurando que su administración no tolerará el uso indebido de recursos para fines electorales.
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Las consecuencias legales para Julio Aníbal Álvarez podrían ser inmediatas. El CNE posee la potestad legal para revocar la inscripción de candidaturas si se demuestra una violación flagrante de las normas de transparencia antes de las votaciones. Mientras el departamento de Nariño exige claridad, el aspirante ha guardado silencio y no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique su vínculo con los hechos ocurridos en el barrio Cantarana, dejando su futuro político en manos de los organismos judiciales.
