La Red de Veedurías de Colombia solicitó a las autoridades competentes abrir una investigación contra la Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, por presuntas visitas a un centro penitenciario y una posible influencia indebida en procesos electorales y de contratación pública del municipio.

De acuerdo con la organización de control ciudadano, las actuaciones de la mandataria estarían relacionadas con su presunto vínculo político con el exalcalde Óscar Andrés Pérez Muñoz, quien actualmente cumple una condena de 10 años de prisión por delitos asociados a corrupción. Según la veeduría, existirían múltiples visitas de la alcaldesa al exfuncionario, a quien ella misma habría reconocido públicamente como su “jefe político”.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, solicitó que se investigue el régimen de visitas del exalcalde durante el periodo electoral, así como la eventual incidencia que este pudo haber tenido desde la cárcel en decisiones políticas y administrativas del municipio.

“Pedimos que las autoridades determinen si desde el centro penitenciario se habrían direccionado procesos electorales y contractuales estratégicos, y que se identifique qué funcionarios, oferentes o contratistas habrían ingresado para reunirse con el exalcalde”, señaló Bustos.

La solicitud también plantea revisar los procesos de contratación adelantados durante los últimos seis meses de la campaña electoral, con el fin de establecer si existieron presiones externas o directrices irregulares en la toma de decisiones administrativas. Asimismo, se pidió verificar las visitas realizadas por funcionarios de la Alcaldía de Bello, incluidas las de la propia alcaldesa, para determinar si pudo configurarse un esquema de coadministración informal desde el centro de reclusión.

Este medio consultó a la Alcaldía de Bello sobre las denuncias. Desde la oficina de comunicaciones respondieron: “Desde la dirección de comunicaciones se va a consultar con ella porque es una situación de su fuero personal”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se ha iniciado formalmente una investigación, mientras la solicitud de la Red de Veedurías queda en manos de los entes de control competentes.