La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, solicitó al presidente Gustavo Petro Urrego revocar los beneficios otorgados a varios cabecillas de estructuras armadas ilegales en el marco de los diálogos de paz y reactivar las órdenes de captura en su contra, tras evidencias de que habrían continuado delinquiendo.

La petición, enviada el 6 de abril de 2026, marca un giro en la postura de la Fiscalía frente a la suspensión de órdenes de captura contemplada en la Ley 2272 de 2022, que permite este tipo de medidas para facilitar negociaciones con grupos armados. En el documento, el ente acusador advierte que este beneficio es excepcional y está condicionado al compromiso real con la paz y a la no repetición de delitos, tal como lo estableció la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-525 de 2023.

Uno de los casos más relevantes es el de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, quien había sido designado como vocero del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc. Según la Fiscalía, existen pruebas de que, tras la suspensión de sus órdenes de captura en 2024, habría participado en múltiples hechos de violencia, entre ellos el homicidio de la lideresa indígena Carmelina Yule en Cauca, una masacre en Guaviare en enero de 2026 y una serie de ataques con explosivos en el Meta. También se le atribuye la instalación de minas antipersonales que causaron la muerte de seis militares en Antioquia.

El documento sostiene que estas acciones no serían hechos aislados, sino parte de una estrategia sostenida de control territorial y expansión armada, lo que contradice los requisitos exigidos para mantener los beneficios judiciales.

Cambio de postura frente a suspensión de capturas

La Fiscalía extendió su solicitud a otros cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalando un deterioro crítico de la situación de orden público en el Catatumbo. De acuerdo con los informes citados, la región enfrenta una grave crisis humanitaria marcada por homicidios, desplazamientos masivos, reclutamiento de menores y el uso de nuevas tecnologías de guerra, como drones con explosivos. Este escenario se ha agravado por los enfrentamientos entre esa estructura y el ELN, lo que ha incrementado la violencia contra la población civil.

En ese contexto, el ente acusador concluye que la supuesta voluntad de paz de estos grupos se ha desvanecido y que, por el contrario, se evidencia un fortalecimiento de su capacidad militar y criminal. Por ello, pidió retirar su reconocimiento como voceros en los diálogos y reactivar las órdenes de captura.

La solicitud también reabre el debate sobre quién tiene la competencia para revocar estos beneficios. Mientras algunos sectores sostienen que la decisión recae en el presidente de la República, la Fiscalía insiste en que el incumplimiento de las condiciones debe tener consecuencias inmediatas dentro del marco legal.

Este pronunciamiento pone presión sobre la política de ‘paz total’, al cuestionar uno de sus principales instrumentos y advertir que la suspensión de órdenes de captura no puede convertirse en una forma de impunidad.