El presidente Gustavo Petro afirmó que en la primera fase de implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) no habrá presencia de personas con órdenes de captura con fines de extradición.

La declaración fue realizada durante un Consejo de Ministros, en medio de las discusiones sobre los procesos de paz y sometimiento de grupos armados en distintas regiones del país.

Según explicó el mandatario, los casos de integrantes de estructuras armadas que tengan solicitudes de extradición serán evaluados posteriormente por el Gobierno nacional, dependiendo del avance de los procesos de negociación y desmovilización.

Petro señaló que la Ley 2272 de 2022 permite al presidente suspender órdenes de extradición en escenarios relacionados con procesos de paz, tema que, aseguró, ya ha sido discutido con representantes del gobierno de Estados Unidos.

Debate sobre extradición y procesos de paz

Durante su intervención, el jefe de Estado planteó que existe un debate sobre si resulta más efectivo extraditar a cabecillas de economías ilícitas o priorizar el desmantelamiento de estructuras criminales y actividades ilegales en territorios afectados por la violencia.

El mandatario recordó que durante el proceso de paz con las antiguas Farc, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendieron órdenes de extradición como parte de las negociaciones que llevaron a la desmovilización de miles de combatientes.

Además, aseguró que las Zonas de Ubicación Temporal estarán bajo protección de la Fuerza Pública mientras avanzan los procesos de desmovilización y salida de integrantes de grupos armados ilegales.

Zonas de Ubicación en distintas regiones del país

Petro indicó que estos espacios podrían implementarse tanto en zonas rurales como urbanas afectadas por la violencia y la presencia de estructuras criminales.

Entre las regiones mencionadas por el mandatario aparecen territorios como Catatumbo, Putumayo y sur de Nariño, así como ciudades como Medellín, Buenaventura, Barranquilla, Quibdó, Cali y Bogotá.

El presidente sostuvo que el objetivo es avanzar en procesos de paz y reducción de la violencia mediante mecanismos de negociación y desmovilización contemplados en la legislación vigente.

Las declaraciones del mandatario vuelven a poner sobre la mesa el debate político y jurídico sobre la extradición y su papel dentro de las negociaciones impulsadas por el Gobierno nacional con distintos grupos armados.