El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno tomará nuevas medidas frente al manejo de recursos públicos por parte de fondos privados de pensiones y Empresas Promotoras de Salud (EPS), en medio del debate por la reforma pensional y el sistema de salud en Colombia.
Durante un Consejo de Ministros realizado en la Casa de Nariño, el mandatario aseguró que le ordenó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar frente a posibles vulneraciones constitucionales relacionadas con los recursos de los trabajadores colombianos.
El jefe de Estado señaló que las acciones estarían dirigidas contra funcionarios de distintas ramas del poder público que, según dijo, habrían desconocido normas relacionadas con el control y vigilancia de recursos públicos destinados a salud y pensiones.
Debate por recursos de pensiones y EPS
Uno de los principales puntos mencionados por el mandatario tiene relación con los recursos de afiliados que decidan trasladarse desde fondos privados hacia Colpensiones.
Petro aseguró que la Reforma Pensional establece que esos recursos deben ser trasladados al régimen público cuando los afiliados adquieren el derecho a pensionarse.
El presidente también cuestionó a propietarios de fondos privados y EPS, señalando que el Gobierno ejercerá mayores controles a través de entidades como la Superintendencia Financiera.
Según explicó, la Constitución le otorga facultades de inspección, vigilancia y control sobre entidades financieras, aseguradoras y organizaciones que administren recursos captados del público.
Gobierno anuncia nuevos decretos y controles
El mandatario indicó que el Ejecutivo prepara nuevos decretos y resoluciones relacionados con el control de recursos administrados por fondos privados y EPS.
Además, aseguró que el Gobierno impulsará medidas administrativas y jurídicas frente a situaciones que considere contrarias a la ley en el manejo de recursos de salud y pensiones.
Las declaraciones se producen en medio de las discusiones alrededor de la reforma pensional, actualmente bajo revisión constitucional, y del debate nacional sobre el futuro del sistema de salud y el control estatal sobre los recursos públicos.
El anuncio también vuelve a poner sobre la mesa la discusión entre el Gobierno y sectores financieros sobre el alcance de las facultades del Estado en la supervisión de recursos de los trabajadores colombianos.
