Las autoridades de Medellín avanzan en un proceso de inspección, vigilancia y control contra una agencia inmobiliaria señalada de presuntas irregularidades relacionadas con la retención de dineros de arriendo y posibles incumplimientos en la administración de inmuebles.
La investigación es liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, luego de múltiples denuncias presentadas por arrendadores y arrendatarios afectados en distintos sectores de la ciudad.
Según la información recopilada por las autoridades, la modalidad consistía en recibir inmuebles para su administración, captar pagos de cánones de arrendamiento y anticipos, pero presuntamente no trasladar esos recursos a los propietarios o incumplir con la entrega de los inmuebles ofrecidos a los arrendatarios.
Las víctimas aseguran que, al reclamar por los pagos pendientes o por incumplimientos en los contratos, la empresa argumentaba supuestos problemas financieros o bancarios para justificar la falta de respuesta.
Hasta el momento, las autoridades reportan 25 quejas formales relacionadas con el caso, además de 17 sanciones impuestas y seis procesos administrativos en curso, en aplicación de la Ley 820 de 2003, normativa que regula la actividad de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia.
Dentro de las actuaciones adelantadas, también se confirmó la cancelación de la matrícula de la agencia inmobiliaria mientras continúan las investigaciones penales para establecer posibles responsabilidades.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que las agencias inmobiliarias cuenten con registro formal, dirección física validada ante la administración distrital, historial de funcionamiento y referencias comprobables antes de realizar cualquier trámite.
Asimismo, recomendaron no entregar dinero sin soportes contractuales claros y denunciar cualquier irregularidad ante las entidades competentes.
