La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Tiendas ARA, representadas por la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., por presuntas irregularidades relacionadas con cobros, información de precios y aplicación de promociones.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, luego de recibir más de 2.000 quejas de ciudadanos y adelantar labores de recolección y análisis de información.
Según la autoridad, entre las presuntas irregularidades investigadas se encuentran dobles cobros en pagos realizados mediante códigos QR y otros medios electrónicos, diferencias entre los precios exhibidos en los estantes y los cobrados en caja, así como posibles inconsistencias en la entrega de vueltas a los consumidores.
Más de 2.000 quejas de usuarios
Entre febrero y julio de 2024, la SIC recibió 825 quejas de clientes que reportaron cobros dobles o repetidos al momento de realizar pagos con códigos QR y otros mecanismos electrónicos. De acuerdo con los reportes, en algunos casos los usuarios habrían tenido que efectuar dos pagos para completar la transacción.
La entidad también investiga presuntas fallas en la información suministrada a los consumidores cuando hacían efectiva la garantía de un producto y recibían un bono de recompra. Según la SIC, la empresa no habría informado de manera clara, completa y oportuna las condiciones, restricciones o limitaciones para utilizar dichos bonos.
Otro de los aspectos bajo investigación corresponde a diferencias entre los precios anunciados en los estantes y los valores cobrados finalmente en las cajas registradoras. Por esta situación, la Superintendencia recibió 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.
Asimismo, la autoridad analiza si el comercio habría entregado incorrectamente las vueltas a algunos consumidores o efectuado cobros por conceptos de «donaciones» o «redondeos» sin contar con una autorización previa y expresa de los clientes.
Inicia la investigación
La SIC aclaró que el pliego de cargos constituye el inicio formal de una investigación administrativa y no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa.
En consecuencia, Tiendas ARA tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, presentar explicaciones, aportar pruebas y controvertir los hechos objeto de investigación dentro del proceso que adelanta la autoridad de protección al consumidor.
