La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del centro de protección de la ciudad.
En la misma actuación judicial también fueron imputados tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal, así como un contratista vinculado al proceso contractual.
Los otros procesados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Las presuntas irregularidades
De acuerdo con la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto al entonces secretario de Gobierno y, presuntamente, impartido instrucciones para que el contrato fuera adjudicado a una empresa que no contaba con experiencia relacionada con el suministro de alimentos para perros y gatos.
La Fiscalía sostiene que algunos de los funcionarios involucrados habrían avalado la contratación pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación directa con el objeto contractual.
Asimismo, el ente acusador señaló que presuntamente se elaboraron estudios con precios alejados de las condiciones reales del mercado y se solicitaron cotizaciones a un número limitado de oferentes, entre ellos el eventual adjudicatario.
Delitos imputados
Según la Fiscalía, el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría obtenido cerca de 34,9 millones de pesos por concepto de presuntos sobrecostos derivados del contrato.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó, según la participación atribuida a cada uno de los involucrados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La imputación marca el inicio de una nueva etapa del proceso judicial, en la que la Fiscalía deberá sustentar los elementos probatorios que respaldan las acusaciones, mientras los investigados podrán ejercer su derecho a la defen
