La indagación a la Comisión de Acusación, abierta por la Procuraduría General de la Nación, busca establecer si en el Congreso hubo presunta mora injustificada u omisiones al tramitar denuncias radicadas contra el presidente Gustavo Petro Urrego. La actuación se formalizó en un auto del 2 de junio de 2026 y ya incluyó una inspección en la secretaría del organismo legislativo.

La Procuraduría abrió una indagación previa contra los integrantes de la Comisión

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público ordenó abrir una indagación previa contra los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación, por dudas sobre la diligencia en expedientes vinculados con denuncias contra el jefe de Estado.

De acuerdo con la Procuraduría, el punto de partida fue la revisión de publicaciones periodísticas que alertaban sobre un aparente congelamiento de esos trámites. En ese marco, la entidad indicó que la indagación pretende verificar si existieron conductas disciplinarias, incluida la hipótesis de un posible prevaricato por omisión.

Inspección y trazabilidad: el reporte habla de falta de herramientas para seguir los expedientes

Como primera medida, un equipo del Ministerio Público realizó una inspección del 3 de junio de 2026 en la secretaría de la Comisión. La diligencia buscó reconstruir la trazabilidad de cada denuncia radicada contra el presidente desde el 7 de agosto de 2022.

En esa verificación se solicitaron datos como fechas de recepción, asignación de representantes investigadores, autos de apertura, etapa procesal y registro de las últimas actuaciones. Sin embargo, el informe citado por la Procuraduría señala que la secretaría manifestó no contar con un aplicativo, base de datos u otra herramienta tecnológica que permitiera reflejar esa trazabilidad de manera verificable.

Según la Sala, la Comisión entregó un “documento de trabajo personal”, pero ese insumo no traía soportes suficientes para concluir con claridad si hubo negligencia u omisión en el cumplimiento de funciones.

Los números que reportó la secretaría: 3.000 actuaciones y 290 procesos contra el presidente

Durante la inspección, el secretario del organismo legislativo reportó que cursan alrededor de 3.000 actuaciones en total. Dentro de ese universo, indicó que hay 290 procesos contra Gustavo Petro por diversas causas y que cerca de 15 expedientes se relacionan con presunta participación en política.

Para la Procuraduría, la dificultad para certificar hitos básicos —como la fecha de un auto de apertura o la última actuación— complica la verificación disciplinaria. Por eso, la Sala anunció que reforzará la recolección de información y contempla revisar, uno a uno, los 290 expedientes para medir el avance real asignado a cada representante investigador.

Comunicado oficial

La indagación a la Comisión de Acusación, abierta por la Procuraduría General de la Nación, pone bajo la lupa el trámite de denuncias radicadas contra el presidente Gustavo Petro Urrego por una posible mora injustificada y presuntas omisiones en el Congreso.

Qué investiga el Ministerio Público y cuál es el punto de partida

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público ordenó abrir una indagación previa contra los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación. El objetivo es establecer si, en el manejo de expedientes relacionados con denuncias contra el jefe de Estado, hubo falta de diligencia y eventuales conductas disciplinarias, entre ellas la hipótesis de un posible prevaricato por omisión.

La actuación quedó formalizada en un auto del 2 de junio de 2026. De acuerdo con la Procuraduría, la decisión se originó tras revisar publicaciones periodísticas que advertían un aparente congelamiento de esos trámites.

Una inspección en la secretaría y el vacío de herramientas para seguir los expedientes

Como primera medida de verificación, un equipo del Ministerio Público realizó una inspección del 3 de junio de 2026 en la secretaría de la Comisión. La diligencia buscó reconstruir la trazabilidad de cada denuncia radicada contra el presidente desde el 7 de agosto de 2022.

Los funcionarios solicitaron, entre otros soportes, fechas de recepción, asignación de representantes investigadores, autos de apertura, etapa procesal y registro de las últimas actuaciones. Sin embargo, según el informe citado por la Procuraduría, la secretaría informó que no cuenta con un aplicativo, base de datos u otra herramienta tecnológica que permita reflejar esa trazabilidad de manera verificable.

La Comisión aportó un “documento de trabajo personal” que, siempre según la Sala, no traía los soportes necesarios para concluir con claridad si existió negligencia u omisión en el cumplimiento de funciones.

Las cifras reportadas en la Comisión: 3.000 actuaciones y 290 procesos contra el presidente

En el marco de la inspección, el secretario del organismo legislativo reportó que cursan alrededor de 3.000 actuaciones en total. Dentro de ese universo, indicó que 290 procesos contra Gustavo Petro corresponden a denuncias por diversas causas y que cerca de 15 expedientes se relacionan con presunta participación en política.

Para la Procuraduría, la dificultad para certificar hitos básicos —como la fecha de un auto de apertura o la última actuación— complica la verificación disciplinaria. Por eso, la Sala anunció que reforzará la recolección de información y contempla revisar, uno a uno, los 290 expedientes para medir el avance real a cargo de cada representante investigador.

Comunicado oficial

La indagación a la Comisión de Acusación abrió un nuevo frente disciplinario en el Congreso: la Procuraduría General de la Nación investiga si hubo presunta mora injustificada, falta de diligencia y posible prevaricato por omisión en el trámite de denuncias radicadas contra el presidente Gustavo Petro Urrego.

Qué ordenó la Procuraduría y desde cuándo

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público ordenó abrir una indagación previa contra los representantes a la Cámara que integran la [Comisión de Investigación y Acusación](https://nacionllanera.com/comision-de-acusacion-a-petro-salvamento-de-voto-pide-investigarlo-formalmente-p/), a partir de dudas sobre el manejo y avance de expedientes relacionados con denuncias contra el jefe de Estado.

La decisión se formalizó en un auto del 2 de junio de 2026. De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, el punto de partida fue la revisión de publicaciones periodísticas que advertían un aparente congelamiento de esos procesos.

La inspección en la secretaría y el problema de trazabilidad

Como parte de la actuación, un equipo de la Procuraduría realizó una inspección del 3 de junio de 2026 en la secretaría de la Comisión. Allí buscó reconstruir la trazabilidad de cada denuncia radicada contra el presidente desde el 7 de agosto de 2022.

Entre otros datos, los funcionarios pidieron fechas de recepción, asignación de representantes investigadores, autos de apertura, etapa procesal y registro de las últimas actuaciones. Sin embargo, según el informe citado por el Ministerio Público, la secretaría indicó que no cuenta con un aplicativo, base de datos u otra herramienta tecnológica que permita reflejar esa trazabilidad de manera verificable.

La Comisión entregó un “documento de trabajo personal”, pero, siempre según el reporte de la Sala, no tenía los soportes necesarios para establecer con claridad si existió o no negligencia u omisión en el cumplimiento de las funciones.

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Cerca de 3.000 actuaciones y 290 procesos contra Gustavo Petro, bajo revisión

En la diligencia, el secretario del organismo legislativo reportó que cursan alrededor de 3.000 actuaciones en total. De ese universo, dijo, 290 procesos contra Gustavo Petro corresponden a denuncias por diversas causas; además, alrededor de 15 expedientes se relacionan con presunta participación en política.

Para la Procuraduría, la imposibilidad de certificar rápidamente hitos básicos —como la fecha de un auto de apertura o la última actuación— vuelve más compleja la verificación disciplinaria, porque esos datos son centrales para evaluar si hubo gestión o inactividad.

Por ahora, la Sala advirtió que reforzará la recolección de información y contempla revisar, uno a uno, los 290 expedientes para medir el avance real asignado a cada representante investigador.

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