La Red de Veedurías de Colombia, a través de su presidente Pablo Bustos, solicitó a los organismos de control investigar los presuntos vínculos del grupo de contratistas conocido como «los catalanes» con Ecopetrol, así como una eventual relación con el presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado.
La petición fue dada a conocer en medio de una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Ecopetrol, convocada para adoptar decisiones relacionadas con la administración de la empresa, pocos días antes de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.
Solicitan investigaciones a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría
Según Pablo Bustos, la Red de Veedurías pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias públicas sobre la presunta incidencia de este grupo de contratistas en procesos de contratación de la estatal petrolera.
«Solicitamos a las autoridades investigar la presunta relación entre miembros de la Junta de Ecopetrol con los denominados ‘los catalanes’ y su posible relación con el designado presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado», afirmó Bustos.
Asimismo, la organización solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República ejercer vigilancia preventiva sobre las actuaciones administrativas y contractuales que actualmente se adelantan en Ecopetrol.
Alertan sobre procesos contractuales
La Red de Veedurías indicó que, de acuerdo con denuncias conocidas públicamente, durante las últimas semanas se habrían promovido procesos de contratación relacionados con mantenimiento, adquisiciones y otros proyectos estratégicos cuyo valor superaría los 120 millones de dólares.
Frente a este panorama, la organización pidió al gobierno entrante conformar un equipo técnico y jurídico independiente que revise integralmente los procesos contractuales adelantados recientemente en Ecopetrol.
Piden garantizar transparencia
La Red de Veedurías aseguró que la revisión tendría como propósito fortalecer la transparencia en la contratación, proteger los recursos públicos y brindar confianza sobre las decisiones adoptadas en la empresa estatal.
Finalmente, la organización recordó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes verificar la veracidad de las denuncias, adelantar las investigaciones que consideren necesarias y establecer, si hay lugar, las responsabilidades respectivas, siempre con observancia del debido proceso y la presunción de inocencia.
