El Ministerio del Trabajo, Función Pública y el equipo liquidador coordinarán el seguimiento a las condiciones laborales y administrativas de los servidores públicos durante el proceso de liquidación.
El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad contará con una mesa técnica de coordinación entre el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el equipo encargado de la liquidación, con el objetivo de hacer seguimiento a las situaciones laborales y administrativas que surjan durante esta etapa.
La decisión se tomó durante una reunión en la que las entidades revisaron los avances del proceso y las medidas necesarias para atender las condiciones laborales de los funcionarios de la cartera que se encuentra en liquidación.
En el encuentro participaron la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes; representantes de Función Pública, y el equipo liquidador encabezado por John Milton Rodríguez González.
Seguimiento a los derechos laborales
Durante la reunión se presentó un balance de la situación administrativa, financiera y laboral del Ministerio de Igualdad y Equidad. Según la información divulgada por el Ministerio del Trabajo, uno de los puntos centrales fue la revisión de las garantías legales de los servidores públicos afectados por el proceso.
La cartera laboral señaló que su acompañamiento estará enfocado en promover la coordinación entre las entidades responsables y velar por el respeto de los derechos laborales, dentro del ámbito de sus competencias.
La ministra Natalia López Fuentes indicó que el cumplimiento de las decisiones judiciales debe ir acompañado de garantías para los trabajadores y de actuaciones ajustadas a la ley.
El procedimiento se adelanta en cumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma de creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, así como de las disposiciones contempladas en el Decreto 626 de 2026.
Con la instalación de la mesa técnica, las entidades buscarán hacer seguimiento a las novedades laborales y administrativas que se presenten durante la liquidación. El desarrollo de este mecanismo será clave para conocer cómo se atenderán las situaciones particulares de los funcionarios y qué medidas se adoptarán en cada caso.
El proceso continuará bajo la coordinación de las entidades competentes y con sujeción a las disposiciones judiciales y legales aplicables.
