El Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de 117 personas privadas de la libertad vinculadas a negociaciones de paz en diferentes regiones del país. La decisión golpea uno de los mecanismos utilizados para mantener comunicación con estructuras criminales desde las cárceles y abre la pregunta sobre el futuro de los diálogos de paz urbana en Medellín.
La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y, de acuerdo con el comunicado oficial, busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de operación de estructuras criminales.
Los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Según el Gobierno, la decisión hace parte de las primeras medidas adoptadas para recuperar el control permanente de las cárceles y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, señala el comunicado de la Presidencia.
#BoletínINPEC | Así se ejecutó el traslado de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz en diferentes sectores del país, como parte de las medidas para fortalecer el control penitenciario y la seguridad. pic.twitter.com/MZVjgISOHM
— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) August 8, 2026
¿Qué significa para los diálogos de paz urbana?
La decisión tiene una implicación política que va más allá del sistema penitenciario: pone en entredicho la continuidad de los diálogos de paz urbana que se desarrollaban con integrantes de estructuras criminales recluidos en cárceles.
En procesos de este tipo, los internos de alto perfil pueden cumplir un papel como interlocutores o representantes de las organizaciones criminales, por lo que su traslado a establecimientos de mayor seguridad puede dificultar o incluso impedir las comunicaciones que permitían mantener las conversaciones con las estructuras que operan en las ciudades.
En el caso de Medellín, la decisión resulta especialmente relevante debido al papel que han tenido personas privadas de la libertad en los acercamientos entre el Estado y estructuras criminales de la ciudad y el Valle de Aburrá.
Por ahora, el comunicado presidencial no declara formalmente terminados los diálogos de paz urbana. Sin embargo, el traslado de los principales interlocutores penitenciarios representa un cambio sustancial frente al modelo de negociación que se venía desarrollando y podría significar, en la práctica, el desmonte de uno de los principales canales de comunicación entre el Gobierno y las estructuras criminales.
La pregunta que queda abierta es si el Gobierno de De La Espriella pretende reformular completamente los diálogos de paz urbana o ponerles fin, sustituyendo la estrategia de negociación por una política centrada en el control penitenciario y la acción de la Fuerza Pública.
El Gobierno, por ahora, presenta la decisión como una medida para recuperar el control de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios sean utilizados para coordinar actividades criminales.
