Autoridades intervinieron dos unidades de producción minera en Bello y reportaron la inutilización de maquinaria avaluada en cerca de $1.580 millones. La operación fue adelantada por el Ejército en coordinación con otras autoridades.
Una operación conjunta contra la explotación ilícita de yacimientos mineros fue realizada en el municipio de Bello, Antioquia, donde tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, intervinieron dos Unidades de Producción Minera (UPM).
El procedimiento contó con la participación de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
De acuerdo con las autoridades, las unidades intervenidas estarían relacionadas presuntamente con actividades ilegales del Clan del Golfo.
Maquinaria inutilizada durante el operativo
Durante la operación fueron inutilizadas dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras industriales, según el reporte entregado por las autoridades.
El valor estimado de la maquinaria afectada asciende a cerca de $1.580 millones.
Además, las autoridades calcularon una posible afectación a las rentas provenientes de estas actividades ilegales de más de $620 millones mensuales.
La intervención busca impactar las estructuras que obtienen recursos mediante la explotación ilícita de recursos naturales y reducir su capacidad de operación en el territorio.
Operación también busca proteger el medio ambiente
Además del componente de seguridad, las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos contribuye a mitigar los impactos ambientales asociados a la minería ilegal.
Entre los riesgos identificados se encuentran la degradación del suelo y las afectaciones sobre el entorno natural, además de las posibles consecuencias para las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan estas actividades.
El Ejército indicó que continuará adelantando operaciones articuladas con otras instituciones para combatir la explotación ilícita de minerales y afectar las fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales.
Las autoridades serán las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes frente a las actividades desarrolladas en las unidades mineras intervenidas.
