El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante una operación contra el narcotráfico realizada por la Policía Nacional. El mandatario lo calificó como uno de los criminales más peligrosos del país.

Operación contra el narcotráfico

El anuncio fue difundido este viernes por el presidente en su cuenta de X junto a la imagen de otros cuatro cadáveres. De la Espriella identificó al fallecido como Naín Andrés Pérez Toncel y afirmó que la acción se llevó a cabo bajo la Operación Centinela de la Patria.

El jefe de Estado sostuvo que, desde su posesión, había dado a las cúpulas militar y policial la instrucción de convertir al criminal en un objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso. También presentó la operación como una muestra de la ejecución de esas órdenes.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ se produjo en medio de una ofensiva de seguridad del nuevo Gobierno contra organizaciones violentas y el narcotráfico. En menos de un mes de mandato se registraron tres bombardeos letales contra grupos criminales, con 23 guerrilleros muertos en uno de ellos, ocurrido en una zona selvática del departamento de Guaviare.

Cuestionamientos a los bombardeos

La ofensiva militar ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y sectores de la oposición, después de que De la Espriella publicara un video en el que aparecía caminando entre bolsas blancas que contenían los cuerpos de los 23 muertos en el bombardeo de Guaviare.

Emily Dickinson, directora para América Latina del International Crisis Group, rechazó esa difusión al considerar que glorifica la violencia. Un editorial de El Espectador y otros analistas cuestionaron la exposición de los cuerpos y reclamaron formas de comunicar los resultados operativos que respeten la dignidad de las personas fallecidas y el Derecho Internacional Humanitario.

Además, un juzgado de Arauca ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las Fuerzas Armadas ajusten sus protocolos para evitar que menores de edad sean objetivo de ataques aéreos. La decisión respondió a denuncias por presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos: dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16. Mientras rige la orden judicial, el Gobierno mantiene su discurso de endurecimiento frente a los grupos armados y el narcotráfico.