La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que ha concedido 1.030 renuncias a la persecución penal a comparecientes que no son considerados máximos responsables de los crímenes analizados por esa jurisdicción. Las decisiones hacen parte de la denominada Ruta No Sancionatoria y, según la JEP, buscan resolver de manera definitiva la situación jurídica de quienes han cumplido con las obligaciones establecidas dentro del sistema de justicia transicional.
De las 1.030 decisiones adoptadas hasta agosto de 2026, 979 corresponden a integrantes de la fuerza pública, equivalentes al 95 % del total. Otras 46 fueron concedidas a comparecientes de las extintas Farc-EP, mientras que dos corresponden a agentes del Estado que no pertenecían a la fuerza pública, dos a civiles colaboradores de las Farc-EP y una a un tercero civil.
Las decisiones fueron adoptadas mediante 43 resoluciones expedidas entre mayo de 2024 y agosto de 2026. De acuerdo con la JEP, estas resoluciones tienen vocación de sentencia, hacen tránsito a cosa juzgada y son definitivas. Entre sus efectos se encuentra la eliminación de antecedentes penales y la extinción de determinadas sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de las conductas penales asociadas a cada caso.
La medida no significa que los comparecientes queden desvinculados de manera automática de sus obligaciones. La JEP señala que el acceso a estos beneficios está condicionado al cumplimiento del régimen de condicionalidad y a la realización de aportes relacionados con los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
Un proceso condicionado a verdad y reparación
Entre los requisitos evaluados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas están el aporte de verdad plena, detallada y exhaustiva, el reconocimiento de responsabilidad individual cuando corresponda, el compromiso de no repetición y la realización de acciones de contribución a la reparación de las víctimas y las comunidades afectadas.
La JEP advierte que un incumplimiento posterior comprobado puede llevar a la revocatoria de los beneficios, la pérdida de las libertades provisionales concedidas, la exclusión del Sistema y la remisión del proceso a la justicia ordinaria.
Los casos cobijados por estas decisiones están relacionados con 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas en diferentes departamentos del país. La JEP también reportó la participación de más de 950 víctimas acreditadas en audiencias y actos públicos relacionados con los procesos restaurativos.
Dentro de estos procesos también se han producido aportes que, según la JEP, contribuyeron a la entrega digna de cuerpos de víctimas. Hasta la fecha reportada por la jurisdicción, 17 cuerpos fueron entregados a sus familias en diferentes regiones del país.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas continúa trabajando en la resolución de los casos de más de 9.000 comparecientes que no son considerados máximos responsables, con decisiones pendientes relacionadas con hechos ocurridos, entre otros lugares, en el Eje Cafetero, la Costa Caribe, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Valle del Cauca y Vichada.
La Ruta No Sancionatoria hace parte de los mecanismos mediante los cuales la JEP busca definir la situación jurídica de comparecientes que estuvieron involucrados en graves hechos durante el conflicto armado, pero que no fueron identificados como máximos responsables de los patrones de criminalidad investigados. El proceso contempla obligaciones frente a las víctimas y busca, según la jurisdicción, contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición.
