La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle y a otras tres personas por su presunta participación en irregularidades relacionadas con seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2019 y 2023.

De acuerdo con el ente investigador, los contratos superaron los $17.657 millones y su presunto direccionamiento habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.

Según la Fiscalía, Miguel Andrés Quintero Calle, quien no era servidor público, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, con el supuesto propósito de ejercer control sobre la contratación.

El ente acusador sostiene que Quintero Calle habría ordenado a Palacio Cardona y a Villada García direccionar seis contratos para beneficiar al entonces gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo.

La hipótesis de la Fiscalía señala que, a cambio del presunto direccionamiento contractual, se habría exigido el 15 % de los recursos involucrados en los contratos.

Por estos hechos, Quintero Calle fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Otros tres procesados fueron imputados

Junto a Quintero Calle también fueron judicializados Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, de acuerdo con la participación que individualmente les atribuye la Fiscalía.

Villada García, quien se desempeñaba como subdirector Administrativo y Financiero del AMVA, fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

En el caso de Vanessa Álvarez Restrepo, abogada contratista del Área Metropolitana que habría participado en la elaboración de los estudios previos de los contratos investigados, la Fiscalía también formuló imputación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Por su parte, Sebastián de Dios Ortega Urán es señalado por el ente acusador como el presunto encargado de recibir dinero en efectivo que posteriormente habría sido entregado a Quintero Calle. También fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Contratos por más de $17.657 millones

Los seis contratos investigados fueron suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2019 y 2023. Su propósito estaba relacionado con el fortalecimiento de las capacidades del organismo de socorro, la reducción del riesgo de desastres, la atención de emergencias, la formación bomberil y el suministro de kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Durante la investigación, la Fiscalía aseguró haber identificado que parte de esta contratación se habría realizado de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El ente investigador también reportó posibles sobrecostos en los kits destinados a la atención de la pandemia, así como pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que, según su hipótesis, no habrían sido efectivamente prestados.

La Fiscalía estima que estas actuaciones habrían generado un presunto detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.

La investigación continúa dentro del proceso penal. Las conductas atribuidas a los cuatro procesados corresponden a la hipótesis de la Fiscalía, y la imputación de cargos no constituye una condena ni determina por sí misma su responsabilidad penal. Será la justicia la encargada de establecer si existió responsabilidad en los hechos investigados.