Más de 130 personas pertenecientes a la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto (ACUVIC) solicitan la intervención de las autoridades para ocupar el predio La Antigua, ubicado en Venecia, Antioquia. El terreno fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el pasado 31 de julio como medida de reparación, pero, según la asociación, personas relacionadas con los antiguos propietarios continúan en el inmueble.
La controversia gira en torno a la ocupación de una propiedad que pasó a manos del Estado mediante un proceso de extinción de dominio y que, después de permanecer bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), fue transferida a la ANT para su adjudicación a las familias campesinas.
El predio perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado durante la Operación Milenio en 1999, condenado y extraditado por narcotráfico. La extinción de dominio fue decretada en 2004 y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2005.
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, aseguró que varias personas permanecen en el terreno pese a la decisión de adjudicación. Entre ellas mencionó al suegro del antiguo propietario, así como a César Augusto Hernández y Juan Diego Acosta, quienes, según explicó, tendrían distintas relaciones con el inmueble.
Vega sostuvo que la decisión de la Agencia Nacional de Tierras debe hacerse efectiva y que, al tratarse de un predio estatal, no serían aplicables los argumentos de posesión que, según su versión, plantean algunos de sus ocupantes.
Familias denuncian dificultades para ocupar el terreno
De acuerdo con los integrantes de ACUVIC, desde la entrega del predio han solicitado acompañamiento institucional para ingresar y establecerse en el lugar. Incluso realizaron plantones frente a las instalaciones de la ANT en Medellín, en busca de una respuesta.
Ante la falta de una solución, el 27 de octubre integrantes de la asociación ingresaron pacíficamente al inmueble y solicitaron acompañamiento de la Policía para propiciar un diálogo con quienes permanecían allí.
Durante la inspección, las autoridades encontraron un arma que, según la información suministrada por los representantes de la asociación, no contaba con los permisos correspondientes. Una de las personas presentes fue trasladada a una estación de Policía.
José Augusto Echeverry, representante de los campesinos de ACUVIC, explicó que la organización está conformada por sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica y que la adjudicación de tierras representa una oportunidad para avanzar en su reparación.
“Lo que estamos exigiendo al Estado es que nos cumpla, incluso con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Echeverry. También señaló que las familias buscan regresar al campo y desarrollar proyectos productivos que les permitan generar ingresos y contribuir al abastecimiento de comunidades cercanas.
Por su parte, Carlos Galeano, abogado de ACUVIC, indicó que desde 2017 personas relacionadas con los antiguos propietarios han promovido acciones judiciales relacionadas con el proceso de extinción de dominio y la destinación del inmueble.
Según Galeano, una de las tutelas más recientes, presentada contra la ANT y la asociación, fue negada porque no se habría acreditado que la persona que alegaba la posesión residiera efectivamente en el predio.
ACUVIC solicita intervención de las autoridades
La asociación pide a la Agencia Nacional de Tierras y a las entidades competentes adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad de las familias y hacer efectiva la ocupación del terreno que les fue adjudicado.
Además, solicita avanzar en nuevas adjudicaciones y en las condiciones necesarias para poner en marcha proyectos agrícolas. La intención, según sus representantes, es contar con tierras para producir, generar ingresos y abastecer a las comunidades de la zona.
Mientras las familias insisten en que se cumpla la adjudicación como medida de reparación, la situación de quienes permanecen en el predio continúa siendo motivo de controversia. ACUVIC espera una respuesta institucional que permita resolver el conflicto y avanzar en el uso productivo de La Antigua.
