Nueva EPS puso en marcha un plan de choque para fortalecer la gestión de acciones de tutela, agilizar la autorización de servicios médicos y mejorar la respuesta a las órdenes emitidas por los jueces en protección del derecho a la salud.

La medida se implementa en medio del incremento de las acciones de tutela relacionadas con la atención sanitaria y de las dificultades que enfrenta el sistema, entre ellas los problemas en el suministro de medicamentos e insumos y las afectaciones al flujo de recursos del sector.

Según explicó la entidad, el plan contempla ajustes en la gestión de las notificaciones judiciales, la autorización de los servicios reclamados por los usuarios y la capacidad de respuesta ante los despachos judiciales.

Uno de los principales componentes es la creación de una ruta especial para garantizar la prestación de los servicios ordenados mediante fallos de tutela y gestionar los pagos correspondientes a la red de prestadores de salud.

La EPS señaló que esta estrategia contará con recursos destinados a respaldar tanto la atención de los afiliados como el pago a las instituciones y profesionales que hacen parte de su red. El objetivo es que las decisiones judiciales no se queden únicamente en autorizaciones administrativas, sino que se traduzcan en servicios efectivamente prestados.

Más capacidad para responder a las órdenes judiciales

El plan también incluye la incorporación de capacidades operativas y servicios especializados para apoyar la defensa judicial, identificar los servicios requeridos y mejorar los procesos de respuesta y atención.

Desde Nueva EPS indicaron que estas acciones buscan optimizar los procedimientos internos y responder dentro de los términos establecidos por la ley.

La entidad reconoció que la acción de tutela es uno de los mecanismos utilizados por los ciudadanos para exigir la protección de su derecho fundamental a la salud. Por ello, planteó que el fortalecimiento de estos procesos debe contribuir a mejorar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La puesta en marcha del plan se produce en un contexto de cuestionamientos y dificultades en la prestación de servicios de salud en Colombia. Su alcance y resultados dependerán de la capacidad de la entidad para agilizar las autorizaciones, garantizar la atención ordenada por los jueces y cumplir los compromisos de pago con su red prestadora.