La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó dos patrones criminales atribuidos a integrantes de antiguas unidades de inteligencia militar entre 1985 y 1993. Los comparecientes tienen 15 días hábiles para reconocer responsabilidad o controvertir las conclusiones.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes cometidos entre 1985 y 1993, cuando hacían parte de unidades de inteligencia militar estratégica en Bogotá.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad mediante el Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I – L 002 del 10 de noviembre de 2026, en el marco del Caso 06, relacionado con el genocidio contra la Unión Patriótica (UP), y el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.

Según la investigación, integrantes de estructuras que funcionaron bajo las denominaciones de Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano (BINCI), Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y Brigada XX habrían desarrollado dos patrones criminales.

El primero estuvo dirigido contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. El segundo afectó a integrantes del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP, quienes, según la Sala, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, incluso cuando se encontraban fuera de combate.

La JEP identificó el funcionamiento de un aparato clandestino dentro de las unidades de inteligencia militar estratégica. Este habría recopilado información sobre personas previamente seleccionadas, realizado seguimientos, elaborado señalamientos y coordinado operaciones encubiertas.

Los patrones criminales identificados por la JEP

En relación con la Unión Patriótica, la Sala estableció que la inteligencia militar estratégica contribuyó a construir y difundir señalamientos que presentaban al partido político como parte de las Farc-EP. Esa estigmatización habría facilitado la vigilancia de sus integrantes y los habría expuesto a amenazas, atentados, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos.

La providencia documenta, entre otros hechos, las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, ocurridas el 26 de junio de 1987. También aborda el asesinato del dirigente José Miller Chacón, en noviembre de 1993, y las amenazas y seguimientos contra Aída Avella, presidenta de la UP.

El segundo patrón corresponde a las acciones contra integrantes del M-19, el EPL y las Farc-EP. De acuerdo con la reconstrucción judicial, algunas víctimas fueron detenidas sin orden judicial, trasladadas a instalaciones militares o lugares clandestinos y sometidas a interrogatorios bajo tortura. En varios casos se produjeron asesinatos y desapariciones forzadas.

La Sala también documentó mecanismos de encubrimiento, como la alteración u omisión de registros, amenazas contra sobrevivientes y familiares e interferencias en investigaciones judiciales.

Los ocho antiguos integrantes del Ejército llamados a responder

La JEP seleccionó como máximos responsables a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional. Cuatro fueron llamados por su participación determinante en la ejecución de los crímenes y otros cuatro por el liderazgo que habrían ejercido sobre la estructura y sus operaciones.

Los comparecientes son:

  • Luis Guillermo Hernández González.
  • Mauricio Angarita.
  • Julio Roberto Ortega Araque.
  • Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
  • Carlos Armando Mejía Lobo.
  • Camilo Pulecio Tovar.
  • Óscar Diego Sánchez Vélez.
  • Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

La Sala les atribuyó, según sus respectivas participaciones, conductas que incluyen homicidio, tortura, violación, asesinato, deportación y desaparición forzada, en las categorías de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A Óscar Diego Sánchez Vélez y Álvaro Hernán Velandia Hurtado también les atribuyó responsabilidad por el genocidio contra la Unión Patriótica.

De manera adicional, la JEP decidió remitir anticipadamente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) el caso del general retirado Iván Ramírez Quintero, por su presunta participación determinante en los dos patrones y su negativa a aportar verdad plena ante la Sala.

Plazos para reconocer responsabilidad y aportar información

Los ocho comparecientes tienen 15 días hábiles para comunicar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten las conclusiones de la Sala. En el mismo plazo, las víctimas acreditadas, sus representantes y el Ministerio Público podrán presentar observaciones y aportar elementos.

La decisión también ordena a los comparecientes entregar, dentro de ese término, información y un plan detallado para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.

Esta labor deberá articularse con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Medicina Legal y otras entidades y organizaciones vinculadas a la búsqueda.

Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una Resolución de Conclusiones para que el Tribunal para la Paz determine las sanciones restaurativas correspondientes. Si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán pasar a la UIA para un proceso adversarial que, de establecerse su responsabilidad, podría conducir a penas de hasta 20 años de prisión.

El llamado de la JEP no constituye una condena. Se trata de una determinación judicial sobre hechos y conductas atribuidos a los comparecientes, quienes tienen la posibilidad de reconocerlos o controvertirlos dentro del procedimiento.