El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló que el gota a gota, el fraude y la carga tributaria son algunos de los principales factores que limitan la profundización financiera y el crecimiento económico del país.
Durante la instalación del 24.º Congreso de Derecho Financiero, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, expuso tres desafíos que, según el gremio, Colombia debe superar para avanzar desde el crecimiento económico proyectado del 2,3 % para este año hasta la meta del 6 % planteada por el Gobierno nacional para 2030.
Los obstáculos identificados son la expansión del crédito informal conocido como gota a gota, el fraude financiero y cibernético, y la carga tributaria que enfrenta el sector bancario.
Malagón recordó que, durante los últimos 50 años, los países con mayores tasas de crecimiento económico también han registrado avances importantes en profundización financiera. Sin embargo, indicó que en Colombia la cartera de crédito pasó de representar el 50 % del producto interno bruto (PIB) en 2017 al 43 % actualmente.
Ante este panorama, sostuvo que el crédito formal debe crecer a un ritmo superior al de la economía, siempre bajo condiciones que garanticen la sostenibilidad del sistema financiero.
El gota a gota y las barreras de acceso al crédito
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el crecimiento de los préstamos informales. Según explicó, cada punto porcentual de reducción en la tasa de usura deja por fuera del crédito formal a cerca de 195.000 personas, quienes podrían terminar recurriendo a prestamistas informales.
El dirigente gremial cuestionó que actualmente exista un mismo límite de tasa de interés para los créditos dirigidos a empresas y los destinados a personas naturales. Según señaló, esta regulación se presenta únicamente en el 2 % de los países.
Como alternativa, propuso establecer topes diferenciados para cada modalidad de crédito, con el propósito de ampliar el acceso a la financiación formal y reducir la dependencia de mecanismos informales de préstamo.
Fraude e insolvencia de personas naturales
En materia de fraude, Malagón destacó las acciones regulatorias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) frente al fraude cibernético. También se refirió al mecanismo de insolvencia de personas naturales, una figura legal diseñada para proteger a quienes atraviesan dificultades reales para cumplir con sus obligaciones financieras.
No obstante, advirtió sobre el aumento de solicitudes que, según las cifras presentadas por Asobancaria, podrían estar relacionadas con un uso indebido de este mecanismo.
De acuerdo con el gremio, Colombia pasó de registrar 422 solicitudes de insolvencia de personas naturales en 2016 a más de 18.000 en 2025. Malagón señaló que este incremento no estaría explicado por una crisis económica de proporciones similares y alertó sobre la existencia de prácticas fraudulentas que incluirían la creación de deudas ficticias para acceder al procedimiento.
«En Colombia no podemos tener este nivel de mal uso de la insolvencia», expresó.
La carga tributaria del sector financiero
El tercer obstáculo señalado por el presidente de Asobancaria fue la carga impositiva que enfrenta el sistema bancario.
Malagón indicó que la tarifa de renta de los bancos colombianos es del 40 %, una de las más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según los cálculos presentados por el gremio, 64 de cada 100 pesos de utilidad del sector se destinan al pago de impuestos. A juicio de Asobancaria, esta situación tiene efectos sobre la capacidad de financiación del sistema y puede repercutir en las condiciones de acceso al crédito para hogares y empresas.
Al cierre de su intervención, Malagón agradeció al Gobierno nacional por incluir en las bases del Plan Nacional de Desarrollo el Sistema Nacional de Sociedad Abierta y la Política Nacional de Rebancarización, iniciativas que el sector considera relevantes para ampliar la inclusión financiera.
El planteamiento de Asobancaria pone sobre la mesa el debate sobre las condiciones regulatorias, tributarias y de acceso al crédito que enfrenta Colombia, en momentos en que el país busca fortalecer su actividad económica y alcanzar mayores niveles de crecimiento durante los próximos años.
