El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, apoderado judicial de Roger Mina Carbonero, anunció que emprenderá acciones penales, civiles y constitucionales contra el concejal de Cali, Roberto Ortiz, por las afirmaciones que este habría realizado en contra de su representado.

A través de un pronunciamiento público, el jurista aseguró que las declaraciones del cabildante afectan la honra, el buen nombre y la reputación de Mina Carbonero, y sostuvo que, por el alcance de dichas manifestaciones, también se comprometería la seguridad de su defendido y de su familia.

«Ejerceremos todas las acciones penales, civiles y constitucionales a que haya lugar frente a las afirmaciones realizadas por el concejal Roberto Ortiz», señaló Moreno Rivera en el comunicado.

Cuestionamientos al debate político

En el pronunciamiento, la defensa de Roger Mina Carbonero afirmó que Roberto Ortiz, por su trayectoria como exrepresentante a la Cámara, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Cali, conoce los antecedentes relacionados con la operación del sistema de alumbrado público de la ciudad.

Según el abogado, durante cerca de 25 años ese servicio estuvo en manos del mismo operador privado y, alrededor de dicha empresa, existieron cuestionamientos públicos que fueron ampliamente conocidos. En ese contexto, sostuvo que resulta contradictorio que actualmente se formulen señalamientos contra funcionarios públicos sin presentar pruebas.

Invocan garantías constitucionales

El abogado también recordó que la Constitución Política protege derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Asimismo, indicó que los delitos de injuria y calumnia, contemplados en el Código Penal, sancionan la imputación de hechos deshonrosos o conductas punibles cuando estas carecen de sustento.

En ese sentido, afirmó que si el concejal considera que existen irregularidades o posibles delitos relacionados con contratación pública, deberá presentar las pruebas ante las autoridades competentes.

«La libertad de expresión y el control político no amparan acusaciones temerarias ni condenas mediáticas», manifestó el abogado, citando criterios desarrollados por la Corte Constitucional.

También buscarán reparación civil

Además de las acciones penales, la defensa anunció que promoverá demandas de responsabilidad civil con el propósito de solicitar la reparación integral de los perjuicios que, según sostiene, fueron ocasionados por las declaraciones del concejal.

Finalmente, Moreno Rivera expresó su confianza en que sean las autoridades judiciales las encargadas de establecer los hechos y las eventuales responsabilidades derivadas de este caso.