La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución del predio Aguas Vivas, ubicado en la vereda Las Palmas. El ente acusador los señala de posibles delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

No obstante, Quintero ha rechazado con vehemencia las imputaciones y ha presentado documentos y versiones que, según él, ubican la responsabilidad sobre decisiones administrativas y avalúos realizados durante la administración del exalcalde Federico Gutiérrez (2016-2019). El proceso ha escalado a un pulso político y judicial que suma declaraciones públicas de alto impacto.

Último pronunciamiento de Quintero: “Se acabó la etapa de imputación… llegó la hora de mostrar las pruebas”

En su cuenta de X, Daniel Quintero afirmó hoy, en un mensaje que marcó la agenda pública:

“Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia.
“Vamos a resetear la política y a meter a los narcoladrones a la cárcel. Vamos a demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarme de la presidencia”.

Con esa declaración, Quintero adelantó que presentará las evidencias con las que, según su versión, demostrará la existencia de un “montaje judicial” y vínculos de redes corruptas que habrían actuado sobre avalúos y decisiones urbanísticas en Medellín.

El boletín de la Fiscalía: acusación y elementos probatorios

Según el boletín 57143, fechado el martes 16 de septiembre de 2025, la Fiscalía indica que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, exfuncionarios de la Alcaldía habrían intentado —en el marco de una conciliación prejudicial— transformar la cesión gratuita del predio en una compraventa que permitiría el pago de más de $40.500 millones a particulares.

Cuando la conciliación fracasó, sostiene la Fiscalía, el exalcalde y el entonces secretario general habrían expedido actos administrativos para aumentar irregularmente el avalúo del terreno y así posibilitar un negocio incompatible con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Quintero contraataca: documentación y la línea temporal que apunta a la administración Gutiérrez

La defensa de Quintero aporta documentos de 2019 que, según él, demuestran que el incremento del avalúo y decisiones sustantivas sobre el predio ocurrieron, presuntamente, durante la administración de Federico Gutiérrez. Entre los elementos que ha exhibido están:

  • Oficios y actas de 2019 que fijan el valor del metro cuadrado en cerca de $971.004 para zona urbana (y $281.318 en zona rural), lo que sustenta un avalúo cercano a $44.000 millones.

  • El Decreto 2502 de 2019, firmado el último día del gobierno de Gutiérrez, que según Quintero permitió validar incrementos en el avalúo y cambios de la naturaleza del predio.

  • Comparativos de avalúos de predios vecinos (La Volcana, Huacharaca) que muestran subidas abruptas en el mismo periodo.

Con esos antecedentes, Quintero insiste en que la investigación debería concentrarse en la cadena de decisiones que culminaron en 2019 y que, por el contrario, la Fiscalía se ha volcado sobre su administración.

El presidente Petro y la hipótesis de persecución a denunciantes

El presidente Gustavo Petro ha respaldado públicamente la versión de Quintero, cuestionando el rol de la Fiscalía Seccional de Medellín:

“Lo pérfido del caso Aguas Vivas en Medellín es que los investigadores, en lugar de investigar a los denunciados, están investigando a los denunciantes”.

Esa posición presidencial añade presión política sobre la Fiscalía y enmarca el caso en una disputa entre élites locales y nacionales sobre la priorización de investigaciones y la imparcialidad en el manejo de los procesos.

¿Quién puede ser considerado víctima? Debate jurídico sobre legitimación

En la pasada audiencia, la defensa de uno de los investigados solicitó que la administración de Gutiérrez no sea reconocida como víctima, argumentando que fue su propia gestión la que suscribió los actos y contratos que hoy se cuestionan. El juez decidió estudiar el planteamiento, dejando abierto un punto jurídico clave: si la entidad que firmó las decisiones puede luego presentarse como perjudicada por las mismas.

Esa discusión obliga a revisar no solo la cadena administrativa, sino la legitimidad de algunas reclamaciones procesales y el alcance del reproche penal frente a actos presuntamente administrativos.

La estrategia de defensa: desmontar el montaje y ampliar la investigación

Quintero ha anunciado que su defensa no solo buscará desechar la acusación, sino que presentará nuevas pruebas que, según él, comprometerán a terceros y a decisiones anteriores:

  • Denuncias sobre un supuesto “Cartel de los Lotes” que habría operado mediante sobrevaloraciones y transferencias irregulares de suelo urbano.

  • Supuestas conexiones con grupos criminales y con casos de contratación de alto perfil (menciones a Hidroituango en su relato público).

  • Documentos que, según su equipo, demostrarían la trazabilidad de avalúos y la firma de decretos por parte de la administración anterior.

La jugada de Quintero es política y judicial: politizar el caso para obtener respaldo ciudadano y, al mismo tiempo, introducir pruebas técnicas que obliguen a la Fiscalía a ampliar la investigación hacia quienes —según su versión— fueron los verdaderos responsables.

Implicaciones políticas y precedentales

El resultado de este proceso tendrá efectos más allá de lo penal. Puede determinar:

  1. La credibilidad de la Fiscalía Seccional de Medellín frente a investigaciones sensibles y la percepción pública sobre su imparcialidad.

  2. La presunta responsabilidad política de exalcaldes y autoridades locales respecto a actos administrativos no correctamente vigilados.

  3. La configuración de alianzas y rupturas en la política local, dado que las acusaciones han reforzado la polarización entre las corrientes que apoyan a Quintero y las que respaldan a Gutiérrez.

Conclusión: un caso en plena disputa — judicial y política

El caso Aguas Vivas exhibe a la vez elementos jurídicos complejos y una fuerte carga política. La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación basado en una narrativa sobre modificaciones del avalúo y supuestos beneficios a particulares; la defensa de Quintero replica con documentos que ubican decisiones clave en la administración anterior y denuncia un montaje judicial orientado a perseguir a un actor político.

La más reciente arremetida pública de Quintero —prometiendo “mostrar las pruebas”, derribar el “montaje” y “meter a los narcoladrones a la cárcel”— sube el tono del conflicto y adelanta que la contienda se dará en múltiples escenarios: los estrados judiciales, las oficinas gubernamentales y la arena pública.

El proceso continuará su curso judicial, pero la batalla por la narrativa y la legitimidad de las pruebas ya está en marcha.

Fotos cortesía: Colprensa