El expresidente Álvaro Uribe Vélez concluyó este martes su intervención en los alegatos de conclusión del juicio penal que enfrenta por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos. En su declaración del lunes, Uribe reiteró su inocencia, pidió a la jueza del caso que lo absuelva y acusó a sus contradictores judiciales de haberlo sometido a un proceso injusto y lleno de engaños.

Durante su intervención, el exmandatario insistió en que nunca ordenó ni tuvo conocimiento de supuestas ofertas de beneficios jurídicos o económicos que, según la Fiscalía General de la Nación, fueron presentadas a ex paramilitares por su exabogado Diego Cadena. “Con todo respeto, yo quiero que usted me absuelva”, expresó Uribe al dirigirse a la jueza Sandra Liliana Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Uribe señaló que los hechos materia del proceso se enmarcan en una serie de intentos por perjudicarlo políticamente. Reiteró que nunca buscó manipular testigos ni alterar la verdad procesal y que las actuaciones de Cadena obedecieron a iniciativas personales del abogado.

En su exposición, el exmandatario defendió que su único interés era que se conociera la verdad, en medio de las versiones que lo vinculaban, junto a su hermano Santiago Uribe, con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el testimonio de Uribe, su entonces abogado Diego Cadena nunca actuó bajo sus órdenes para ofrecer prebendas a testigos a cambio de retractaciones. Afirmó que el dinero entregado a algunos ex paramilitares tuvo un carácter humanitario y que nunca autorizó pagos ilegales.

Negó conocer personalmente a testigos clave como Juan Guillermo Monsalve, exmiembro del grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’, quien lo ha señalado como uno de los fundadores del Bloque Metro. También rechazó haber intervenido en la pérdida del empleo de Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, a quien cuestionó por haber sido reconocida como víctima en el proceso.

Uribe denunció además que su familia ha sido afectada por el juicio y que ha tenido consecuencias electorales. «Me causaron un daño a mi reputación, a la de mi familia, y una afectación electoral muy grande», dijo al cierre de su intervención.

En los alegatos presentados semanas atrás, la Fiscalía sostuvo que Uribe ideó una estrategia para desviar la verdad judicial mediante la intervención de terceros. La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, aseguró que se probó que Diego Cadena actuó en nombre del expresidente al contactar a testigos como Monsalve, a quien le ofreció gestionar procesos judiciales y mejores condiciones carcelarias a cambio de retractarse de sus declaraciones.

“La retractación se buscó mediante ofrecimientos jurídicos gratuitos y otros beneficios penitenciarios, todo por instrucción de Uribe”, explicó la fiscal.

La defensa, por su parte, aseguró que no existen pruebas de que Uribe haya ordenado esas gestiones y que se trató de una campaña en su contra. El abogado Jaime Lombana calificó la intervención del expresidente como “impecable” y pidió una decisión absolutoria. La Procuraduría General de la Nación también respaldó la tesis de la defensa y argumentó que no hay elementos suficientes para emitir una condena.

Tras la intervención de Uribe, el senador Iván Cepeda, víctima reconocida en el proceso, reaccionó en su cuenta de la red X afirmando que el exmandatario “no pudo ocultar su participación directa, como determinador, en los delitos que son objeto del juicio”.

Cepeda aseguró que Uribe confesó haber dado instrucciones a su abogado Diego Cadena y haber actuado con “exceso de sigilo”, lo que —según su interpretación— confirmaría que buscaba operar de forma clandestina. También lo acusó de haber mentido al negar vínculos con antiguos paramilitares como Salvatore Mancuso y Pablo Hernán Sierra.

En su publicación, Cepeda sostuvo que con sus propias palabras, el expresidente reforzó la acusación en su contra y aportó nuevos elementos para que se niegue la solicitud de absolución.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó el pasado 2 de julio que la jueza Sandra Heredia dedique su agenda exclusivamente al juicio de Uribe hasta el 31 de julio. Esto implica la suspensión del reparto de nuevos procesos o tutelas en su despacho, con el fin de que se concentre en el análisis de más de 90 pruebas, incluidos testimonios, peritajes y documentos.

La jueza justificó la medida por la cercanía de los términos de prescripción del proceso y señaló que “de continuar recibiendo procesos será imposible adelantarlos con la celeridad que también precisan”. Se espera que la jueza anuncie el sentido del fallo a finales de julio y emita la sentencia completa en los días siguientes.

El juicio contra Uribe tiene origen en una denuncia que él mismo interpuso en 2012 contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó esa denuncia y abrió una investigación contra el expresidente, tras encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos mediante terceros.

En agosto de 2020, Uribe renunció al Senado y el caso pasó a la Fiscalía, que intentó precluirlo en dos ocasiones. Ambas solicitudes fueron rechazadas, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral que actualmente dirige el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

El desenlace de este proceso marcará un hito en la historia judicial del país, por tratarse del primer expresidente colombiano sometido a un juicio penal por supuesta manipulación de testigos.

Foto y noticia: Colprensa