El senador Ariel Ávila cuestionó un apartado del proyecto de ley de sometimiento a la justicia presentado ante el Congreso de la República, al advertir que podría generar riesgos en el tratamiento penal de personas que hayan participado en delitos económicos relacionados con estructuras armadas ilegales.

A través de su cuenta en X, el congresista calificó la disposición como un posible mecanismo para favorecer a colaboradores y facilitar la protección de testaferros. Sus señalamientos se centran en las condiciones previstas para acceder a beneficios judiciales, así como en los mecanismos de entrega de bienes y verificación de los compromisos adquiridos.

La iniciativa fue radicada el 13 de octubre de 2026 por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Justicia, Iván Cancino. El proyecto busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan a la justicia ordinaria bajo condiciones definidas por la ley.

¿Qué cuestiona Ariel Ávila del proyecto?

En el video que acompaña su publicación, Ávila se refiere a una disposición que contempla la posibilidad de suspender condicionalmente la ejecución de la pena de determinados colaboradores después de un año de cumplimiento, siempre que entreguen los bienes producto de las actividades ilícitas y se comprometan con medidas verificables de justicia restaurativa.

El senador considera que la redacción podría permitir que personas involucradas en lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito accedan a beneficios sin que estén suficientemente definidos, a su juicio, los criterios para establecer quién puede ser considerado colaborador y cómo se comprobaría la entrega de la totalidad de los bienes ilícitos.

También cuestionó que, según su interpretación, el articulado no establecería con suficiente claridad los mecanismos de verificación patrimonial ni exigiría de manera expresa la identificación de todas las personas que hubieran participado en las redes criminales.

A partir de estas observaciones, Ávila advirtió sobre el riesgo de que el mecanismo termine beneficiando a personas que hayan facilitado operaciones económicas de organizaciones ilegales sin contribuir suficientemente al esclarecimiento de los hechos.

El alcance de la disposición deberá examinarse en el Congreso

Las afirmaciones del senador corresponden a sus cuestionamientos sobre el contenido y los posibles efectos de la propuesta. Por ahora, no constituyen una determinación judicial de que el proyecto vaya a facilitar el lavado de activos ni de que existan personas beneficiadas indebidamente.

El texto plantea beneficios sujetos al cumplimiento de condiciones y compromisos. Entre los asuntos que deberán examinarse durante el trámite legislativo están la definición de los beneficiarios, los requisitos para acceder a la suspensión de la pena, la verificación de los bienes entregados y las garantías de reparación para las víctimas.

El proyecto deberá ser debatido por el Congreso, donde podrán evaluarse las observaciones formuladas por los legisladores y proponerse ajustes al articulado.

La discusión plantea interrogantes sobre cómo garantizar que los beneficios judiciales contribuyan al desmantelamiento de las estructuras criminales, al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas, sin generar espacios de impunidad frente a los delitos económicos.