La extorsión representa uno de los delitos más rentables para la delincuencia y uno de los mayores obstáculos para la inversión y operación de negocios en el país, advirtió el abogado Virgilio Tanús, socio director de Tanús, Salazar & Azaola.

El especialista en materia penal explicó que la cifra negra, es decir, los delitos que las víctimas no denuncian, alcanza hasta 96% en este ilícito y que una de las estrategias para combatirlo es detener a los responsables en flagrancia.

El cobro de piso y la extorsión se han convertido en una de las principales amenazas para comerciantes, empresarios y trabajadores en México, no sólo por las pérdidas económicas que generan, sino por el clima de miedo, la falta de denuncias y las dificultades que enfrenta la autoridad para perseguir estos delitos.

Organizaciones empresariales han advertido un incremento de 65% en el delito de extorsión y cobro de piso entre 2015 y 2026, mientras que entre enero y septiembre de este año se contabilizaron 8 mil 551 víctimas.

Para el especialista en materia penal, el cobro de piso constituye una modalidad de extorsión que, aunque no siempre aparece expresamente bajo esa denominación en los ordenamientos jurídicos, sí está contemplada dentro de las conductas sancionadas por la legislación, pues la extorsión consiste en obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo mediante la amenaza de causarle un daño, con el propósito de obtener un beneficio o lucro.

En el caso del cobro de piso, las exigencias de cuotas periódicas, la imposición de precios en determinados sectores productivos y la coerción sobre rutas o centros de trabajo están contempladas dentro de las hipótesis de este delito en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, publicada en 2025.

El especialista señaló que, en la Ciudad de México, las penas por extorsión pueden ir de cinco a 10 años de prisión, con incrementos de hasta ocho años adicionales en determinados supuestos, como cuando las víctimas son personas adultas mayores o cuando los responsables se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales para intimidarlas.

A nivel nacional, la nueva legislación contempla penas de 15 a 25 años de prisión, que también pueden incrementarse hasta ocho años adicionales cuando se trata de exigencias de cuotas periódicas, imposición de precios o coacción en rutas y centros de trabajo.

La cifra negra y el miedo a denunciar

Uno de los principales obstáculos para combatir la extorsión es la falta de denuncias. Tanús explicó que en México existe una elevada cifra negra, es decir, delitos que efectivamente ocurren, pero que no llegan a conocimiento de las autoridades.

En términos generales, estimó que alrededor de 90% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian. Sin embargo, en el caso de la extorsión, la proporción es aún mayor, pues alcanza aproximadamente el 96%.

Esto significa que, de cada 100 personas extorsionadas, apenas cuatro acudirían a presentar una denuncia, situación que dificulta la generación de estadísticas confiables y el diseño de políticas públicas efectivas.

El abogado atribuyó este fenómeno, entre otros factores, a la desconfianza hacia las autoridades y al temor de sufrir represalias. En muchos casos, explicó, los comerciantes terminan incorporando el cobro de piso como un gasto fijo para mantener abierto su negocio.

“Entonces la gente dice: ya ni modo, lo contemplo como un gasto fijo mensual y tengo que pagar mis 30 mil pesos mensuales porque me dejen operar”, expuso al describir la normalización de este tipo de amenazas entre algunos establecimientos.

El penalista estimó que el 75% de las extorsiones ocurren por vía telefónica, mientras que 25% son presenciales. Dentro de estas últimas, señaló, una parte importante ocurre con personas que suelen estar armadas, lo que incrementa el riesgo para las víctimas.

Extorsión frena inversión y golpea a empresas

El impacto del cobro de piso va más allá de las pérdidas directas que sufren los comerciantes.

Tanús advirtió que este delito también afecta la inversión, la operación de empresas y la generación de ingresos fiscales.

La extorsión genera alrededor de 115 mil millones de pesos anuales en México, equivalente a cerca de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el especialista.

Además, sostuvo que la actividad empresarial y la inversión han resentido el impacto de este delito, con disminuciones estimadas de entre 15% y 20% en los negocios a nivel nacional.

Entre las entidades que, según los datos referidos, han registrado mayores afectaciones se encuentran Tabasco, con una disminución cercana a 32% en inversión, y Morelos, con alrededor de 27%.

En el caso de Morelos, el abogado relaciona el incremento de la presión extorsiva con el desplazamiento de grupos que operaban en Guerrero, particularmente en Acapulco, después de las afectaciones provocadas por el huracán Otis.

También mencionó a Puebla y a la Ciudad de México entre las entidades que enfrentan este problema.

El impacto, añadió, repercute en los ingresos de los establecimientos, la capacidad de inversión y, eventualmente, en la recaudación tributaria, por lo que combatir la extorsión también representa un interés económico para el propio Estado.

Detenciones en flagrancia, una estrategia para combatir el cobro de piso

Ante las dificultades que representa investigar extorsiones en las que los responsables no son identificados y utilizan teléfonos desechables o realizan llamadas desde centros penitenciarios, Tanús explicó que una alternativa jurídica es coordinar acciones con las autoridades policiales para lograr detenciones en flagrancia.

El abogado relató que, en algunos casos en los que ha asesorado a víctimas, se han diseñado estrategias para que, cuando los extorsionadores acudan a recoger el dinero exigido, se coordine previamente un operativo policial que permita detenerlos en el momento de la entrega.

Explicó que la flagrancia permite detener a una persona cuando está cometiendo el delito, lo que puede fortalecer el proceso penal al contar con el señalamiento de la víctima, el dinero entregado y otros elementos que permitan acreditar los hechos.

“En el momento mismo de la comisión del delito, cualquier ciudadano y, obviamente, la policía puede llevar a cabo la detención material de esa persona o de esas personas”, explicó.

Sin embargo, reconoció que esta estrategia implica riesgos para las víctimas, quienes no sólo deben enfrentar el temor de denunciar, sino también la posibilidad de represalias posteriores.

Tanús aseguró que, en los casos en los que se han coordinado este tipo de operativos, los responsables han sido detenidos, procesados y condenados.

No toda extorsión está vinculada con el crimen organizado

El especialista también advirtió que, aunque el cobro de piso es una actividad asociada con grupos de delincuencia organizada, no todos los responsables necesariamente pertenecen a una estructura criminal.

Explicó que la rentabilidad de este delito y la baja probabilidad de ser detenidos pueden incentivar a personas que operan por cuenta propia, quienes recurren a amenazas y a la falsa identificación como integrantes de cárteles para generar temor entre sus víctimas.

Por ello, la legislación contempla agravantes cuando los extorsionadores se ostentan como integrantes de organizaciones criminales, aun cuando no pertenezcan realmente a ellas.

El problema, concluyó, es que la extorsión se ha convertido en una actividad altamente rentable, con consecuencias directas sobre la seguridad, la economía y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, por lo que combatirla requiere fortalecer la denuncia, la investigación y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Foto y noticia: Agencia EFE