El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional para 2026 fue cuestionado por el sector financiero, que alertó sobre riesgos inflacionarios, mayor informalidad laboral y posibles efectos en la política monetaria del país.
De acuerdo con un análisis del gremio bancario, el salario mínimo cumple la función de piso legal para los trabajadores formales, pero cualquier ajuste —advirtió— debería responder a criterios técnicos asociados a la inflación, la productividad y la dinámica del mercado laboral, para evitar efectos adversos sobre el empleo y el bienestar de los hogares.
Las cifras oficiales refuerzan el diagnóstico. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 11,4 millones de personas, equivalentes al 49% de los ocupados, reciben ingresos inferiores al salario mínimo, en su mayoría en condiciones de informalidad. En contraste, solo 2,4 millones de trabajadores, es decir, el 10% de los ocupados, devengan exactamente un salario mínimo.
El informe señala además un deterioro reciente en la calidad del empleo. En el último año, 1,2 millones de personas adicionales pasaron a ganar menos de un salario mínimo, mientras que el grupo de trabajadores que recibe exactamente ese ingreso se redujo en 1,3 millones, lo que evidenciaría un retroceso en los niveles de formalización laboral.
En el frente macroeconómico, el gremio advirtió que incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tienen un impacto directo sobre los precios. Según sus estimaciones, por cada punto porcentual adicional que supere los criterios técnicos, la inflación podría aumentar entre 10 y 16 puntos básicos.
Con un ajuste del 22,7% en la base del salario mínimo para 2026, el impacto inflacionario estimado oscilaría entre 165 y 263 puntos básicos, lo que reduciría el margen de maniobra del Banco de la República y abriría la posibilidad de incrementos en la tasa de política monetaria durante el primer semestre del próximo año.
Un eventual endurecimiento de la política monetaria implicaría condiciones de financiamiento más restrictivas para hogares y empresas, con efectos sobre decisiones como la inversión, el emprendimiento, el acceso al crédito y la compra de vivienda. En este escenario, el aumento del salario mínimo también tendría impactos indirectos sobre el dinamismo económico.
Finalmente, el sector financiero advirtió que incrementos considerados excesivos elevan los costos laborales, reducen la capacidad de contratación de las empresas y terminan fomentando la informalidad, afectando especialmente a los trabajadores más vulnerables que quedan por fuera del empleo formal.
