Carlos Camargo, quien fuera Defensor del Pueblo y que hasta hace poco se desempeñaba como vicerrector de Gestión Social de la Universidad Sergio Arboleda, se perfila como un firme candidato para ocupar un puesto en la Corte Constitucional. Sin embargo, su nombre está envuelto en diversas controversias que generan dudas sobre su idoneidad para el cargo.

Un pasado marcado por contratos cuestionables

Camargo renunció a la Defensoría del Pueblo para asumir un cargo en la Universidad Sergio Arboleda, desde donde firmó un millonario contrato con su antiguo empleador, la Defensoría. Este contrato, por un valor de $2.400 millones de pesos, fue adjudicado para la capacitación de funcionarios públicos. Aunque la entidad alega haber evaluado diversas universidades (incluyendo la Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado), la mejor oferta resultó ser la de la Sergio Arboleda, lo que ha despertado sospechas.

Acusaciones de clientelismo y corrupción

Según una investigación del medio independiente Desigual Colombia, Camargo ha sido denunciado por presuntas irregularidades durante su gestión en el Consejo Nacional Electoral, donde al parecer habría omitido un estudio clave sobre la financiación de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, vinculada a los sobornos de Odebrecht.

Asimismo, ha sido acusado de presunto acoso laboral y de, al parecer, haber beneficiado con millonarios contratos a exmagistrados y familiares de magistrados del Consejo de Estado mientras dirigía la Federación Nacional de Departamentos. Durante su paso por la Defensoría del Pueblo, se señala que utilizó la entidad para, presuntamente, pagar favores políticos, nombrando a 26 directivos relacionados con los partidos que lo respaldaron.

Entre los nombramientos más controversiales se encuentra el de José Augusto Rendón García como defensor del pueblo en Urabá, quien fue abogado de empresarios implicados en la adquisición irregular de tierras de desplazados. También destaca Nelson Felipe Videz Calle, secretario privado de Camargo, presuntamente vinculado con el excongresista condenado por parapolítica Luis Eduardo Vives.

Presunto espionaje y desfalco millonario

Documentos en poder de la Fiscalía General de la Nación también vincularían a Camargo, presuntamente, con un presunto carrusel de contratos por más de $28.000 millones de pesos, fondos que debían destinarse al funcionamiento de la Defensoría. Se ha denunciado que parte de estos recursos beneficiaron a empresas como Telecafé, Canal TRO y Soavento Grupo SAS.

Además, se le acusa de presunto espionaje dentro de la Defensoría del Pueblo. Según testimonios, utilizó un crédito de $18 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para la compra de laboratorios forenses, que habrían sido empleados, presuntamente, para interceptar comunicaciones y perseguir a empleados de la entidad. Al menos tres funcionarios denunciaron que fueron víctimas de estas prácticas, y una de ellas tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas.

El apoyo de Iván Duque en su aspiración a la Corte Constitucional

Camargo aspira a reemplazar a la magistrada Diana Fajardo, quien dejará su cargo el próximo 5 de julio. Según diversas fuentes, cuenta con el respaldo del expresidente Iván Duque Márquez, quien estaría impulsando su candidatura como Magistrado de la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional, creada hace 33 años, ha sido un pilar en la protección de la Constitución política de Colombia. Sus magistrados deberían ser personas con trayectorias intachables y comprometidas con la justicia. Sin embargo, la candidatura de Camargo genera una ola de preocupación en diversos sectores, pues su llegada a la Corte podría representar un riesgo para la independencia de esta institución clave en el equilibrio del Estado colombiano.

Editorial Nación Paisa

Foto cortesía: Colprensa