Luego de meses de que estalló el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), fue imputado hasta el momento la ficha más alta del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Algunas de ellas entregadas a congresistas para precisamente abrirle camino a esas reformas en el legislativo.
En la primera fase de investigación, la Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos, relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra. Según la investigación, la mayoría terminó en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien dirige más de 30 empresas. Tiempo después encontró más irregularidades. Por ejemplo, en un convenio para la adquisición de tanques plásticos de 5.000 litros para reserva de agua para el departamento de la Guajira.
En ese contexto, y en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, le solicitó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, coimas obtenidas ilícitamente de ese convenio para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
Concretamente, $3.000 millones a Name a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera realizada en septiembre de 2023, Carlos Ramón González le habría recomendado al entonces director de la UNGRD: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos. En la segunda, habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal. Dando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio de apoyo político.
“Usted sabía que ofrecía contratos y luego dinero a los congresistas para que apoyaran los procesos del gobierno en el Congreso”, sostuvo la Fiscalía.
Carlos Ramón González, quien se encuentra fuera del país, no aceptó los cargos y aseguró que todo se trata de una calumnia en su contra. Sin embargo, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en su contra. Audiencia que se realizará el próximo 6 de junio por calamidades del Tribunal.
Foto y noticia: Colprensa
