En un primer encuentro con la Comisión Séptima de la cámara de Representantes, que inició formalmente el estudio de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho hizo un llamado
a los representantes a hacer un estudio cuidadoso del proyecto presentado por el gobierno y a debatirlo de forma serena y argumentada para beneficiar al país. “Pensemos en la gente, dejemos las pugnacidades y centrémonos en lo realmente importante para los colombianos y colombianas. Esta es una reforma con 152 artículos; y confiamos en ustedes para cambiar esto, para que el sistema de salud que construyamos sea lo mejor de lo mejor para nuestro pueblo colombiano”, manifestó. Aunque la cámara todavía debe agendar formalmente el inicio de los debates reglamentarios de la reforma para convertirse en ley de república, los integrantes de la Comisión Séptima acordaron hoy escuchar a la ministra, quien presentó los elementos fundamentales del proyecto y escuchó atentamente las inquietudes, críticas y aportes de los legisladores, tanto de quienes apoyan como a quienes se oponen a la iniciativa. “Una reforma al sistema de salud no quiere decir, de ninguna manera, que no se vaya a construir sobre lo construido. Estamos sometiendo a debate del Congreso de la República la inclusión de la otra Colombia en el sistema de salud”, recalcó la ministra, indicando que existen unos 11,5 millones de colombianos y colombianas que no están cubiertos por el actual modelo
de salud.
Al respecto, la ministra Corcho insistió en que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no van a desaparecer pero sí van a cambiar sus funciones. Recordó que en tres décadas el país pasó de tener unas 150 de estas aseguradoras a 28 en la actualidad, de las cuales muy pocas alcanzan a cumplir los mínimos planteados por la Ley para su funcionamiento. La reforma busca garantizar el derecho a la salud de las personas que estas entidades tienen afiliadas. “Siete millones de colombianos se encuentran en manos de EPS que no cumplen los estándares, el próximo año serán 11,5 millones y las demás EPS no quieren recibirlos. ¿Será que un Estado de derecho puede aceptar esta discriminación a un número tan grande de ciudadanos, solo por el hecho de ser humildes? Se les está negando su derecho a la salud”, señaló.
Respecto a la prestación de los servicios que actualmente reciben los colombianos y colombianas, la jefe de la cartera aseguró que estos no se verán afectados de ninguna manera con la implementación del nuevo modelo de salud. El proyecto de ley plantea un régimen de transición claro que garantice la continuidad de los tratamientos. En este sentido, recalcó que la atención a los pacientes se presta en las clínicas y hospitales, sean públicos o privados.
El objetivo de la iniciativa es fortalecerlos y garantizar que reciban los recursos públicos destinados a la salud para que brinden el mejor servicio a todos los pacientes del país, superando el déficit tanto en las zonas rurales como en sectores urbanos. “¿Cuál es el centro de atención primaria al que nos referimos? ¡El hospital! Vamos a destinar recursos para remodelarlos, dotarlos y hacerlos dignos, recursos que ya existen y no nos van a generar ningún hueco fiscal. Cubrir la Colombia profunda nos cuesta 8,8 billones de pesos y el sistema tiene hoy esta plata”, indicó la ministra.
Aseguró también que en el modelo propuesto “la plata no la manejan los gobernadores ni los alcaldes” y preguntó a los legisladores: “¿qué necesidad tenemos de hacer pasar la plata por muchas manos? Lo que necesitamos es un solo pagador que la haga llegar directamente a clínicas y hospitales. ADRES es un fondo desconcentrado pero no descentralizado cuya junta directiva estará integrada por empresarios, gobierno y trabajadores, que es la triada de la equidad de los Estados modernos”.
