Un hombre conocido con el alias de ‘El Negro’ fue capturado durante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional en el sector La Inmaculada, en el municipio de Caldas, Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado sería presunto integrante del grupo de delincuencia común organizada ‘La Miel’ y estaría relacionado con la comercialización de estupefacientes en el sector conocido como ‘El Hueco’.

Según las investigaciones, el hombre presuntamente utilizaba una vivienda para almacenar, dosificar y distribuir marihuana y clorhidrato de cocaína.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron cerca de 8.000 dosis de estas sustancias, además de varias anotaciones contables que, según la investigación, estarían relacionadas con la actividad de comercialización de drogas.

Alias ‘El Negro’ fue enviado a prisión

El hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La investigación busca establecer las circunstancias de la presunta actividad de comercialización de estupefacientes en este sector de Caldas y las posibles conexiones del capturado con la estructura delincuencial mencionada por las autoridades.

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Dos hombres de 29 y 36 años fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia, durante un procedimiento en el que fueron incautadas cerca de 900 dosis de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en el sector de El Carmelo, cuando uniformados de las patrullas de vigilancia adelantaban labores de prevención, registro y control. Durante los recorridos, los policías interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban los dos ciudadanos.

Al realizar el registro, las autoridades encontraron un bolso que contenía la sustancia estupefaciente, que, según la información entregada por la Policía, estaría destinada a su presunta distribución y comercialización en este sector del municipio.

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras el procedimiento, los dos hombres fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La autoridad judicial será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con este resultado, la Policía reportó la incautación de cerca de 900 dosis de marihuana en medio de los operativos de vigilancia y control contra el tráfico local de drogas en Bello.

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Cifuentes afirmó que conoció a Carrasquilla cuando ella se desempeñaba como fiscal 27 especializada en Medellín y él todavía era menor de edad. Según su relato, posteriormente habría recibido instrucciones de funcionarios de la Fiscalía y miembros de la Policía para entregar testimonios contra personas investigadas por su presunta pertenencia a organizaciones criminales del Valle de Aburrá.

El exintegrante de Los Chatas sostuvo que algunas de esas reuniones se habrían realizado en el séptimo piso del Palacio de Justicia de Medellín, donde funcionaban dependencias de la Unidad contra el Crimen Organizado. Allí, según su versión, le indicaban qué debía declarar a cambio de dinero y protección.

Durante las entrevistas, Cifuentes aseguró que habría rendido testimonios en procesos contra aproximadamente 17 cabecillas y cerca de un centenar de integrantes de estructuras criminales. Entre los nombres que mencionó están alias Tom, Vallejo, Pocho, Titi, Tombolín y Barriga.

Uno de los casos que puso como ejemplo fue el de alias Vallejo, quien habría sido condenado en un proceso en el que Cifuentes participó como testigo. Sobre esa declaración, afirmó que fue inducida y que contenía información falsa.

Estas afirmaciones corresponden al relato del entrevistado y no constituyen, por sí mismas, una demostración de que los procesos judiciales mencionados hayan sido manipulados.

Denuncias sobre pagos y presuntas recompensas

Otro de los asuntos expuestos por Cifuentes está relacionado con los recursos que, según dijo, recibía bajo el concepto de sostenimiento de fuente humana.

El hombre aseguró que le entregaban aproximadamente dos millones de pesos cada 15 días y que, en algunas ocasiones, habría prestado su identificación para tramitar recompensas por capturas en las que, según su versión, no había suministrado información.

De acuerdo con su relato, las autoridades ya conocían la ubicación de algunas personas que posteriormente eran capturadas, pero se habría utilizado su registro como fuente humana para justificar el pago de recompensas.

Cifuentes mencionó a varios funcionarios de la Fiscalía y de la Policía, además de Carrasquilla, como presuntos involucrados en esas prácticas. También aseguró que conserva documentos reservados que respaldarían sus señalamientos. Sin embargo, el contenido de esos documentos y su alcance no están acreditados en la información conocida.

El entrevistado reconoció igualmente su pasado delictivo y su pertenencia a Los Chatas, organización criminal con presencia en el norte del Valle de Aburrá.

Afirma que ha recibido amenazas y señala a Medellín

Cifuentes manifestó que salió de Colombia hace aproximadamente cuatro años y que desde entonces ha recibido amenazas. Aseguró que teme por su vida y que las intimidaciones estarían relacionadas con las denuncias que ha presentado.

También afirmó que el 21 de agosto se reunió en Lyon, Francia, con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Según su versión, durante ese encuentro entregó información sobre el presunto manejo irregular de recursos estadounidenses destinados a combatir el crimen organizado.

En sus declaraciones también hizo señalamientos contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Cifuentes sostuvo que durante la administración en la que Gustavo Villegas se desempeñó como secretario de Seguridad habría recibido hospedaje y viáticos de la Alcaldía mientras participaba en declaraciones contra integrantes de organizaciones criminales.

Además, aseguró que algunas de sus denuncias estarían relacionadas con supuestos contactos entre Carrasquilla y cabecillas criminales para impedir que continuara hablando. En particular, mencionó declaraciones que atribuyó a alias Douglas y afirmó que alias Carlos Pesebre podría confirmar esa versión.

No obstante, los señalamientos sobre presuntas amenazas, contactos con estructuras criminales y utilización irregular de recursos públicos no han sido verificados de manera independiente.

El proceso judicial que enfrenta Claudia Carrasquilla

Las nuevas declaraciones se conocen mientras Claudia Carrasquilla enfrenta un proceso penal por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la información publicada por los medios que dieron a conocer las entrevistas, la investigación está relacionada con declaraciones juradas que habría rendido un patrullero en la cárcel de Valledupar. El uniformado, identificado como William Fernando Molina, sostiene que la entonces fiscal habría firmado documentos correspondientes a diligencias en las que, según su denuncia, no estuvo presente.

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos a Carrasquilla el 5 de diciembre de 2024 y presentó acusación en su contra el 20 de mayo de 2025. El caso está previsto para avanzar a juicio oral, después de aplazamientos solicitados por la defensa.

Carrasquilla ha rechazado las acusaciones de Cifuentes en anteriores oportunidades, lo ha calificado de mentiroso y ha sostenido que detrás de sus declaraciones existirían motivaciones políticas. Consultada por Caracol Radio sobre los nuevos señalamientos, manifestó que no tenía interés en pronunciarse.

Por ahora, las afirmaciones de Cifuentes deberán ser contrastadas por las autoridades competentes. Su relato incluye acusaciones contra funcionarios y particulares, pero no equivale a una decisión judicial que establezca responsabilidades penales.

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La Corte Suprema de Justicia aumentó a 33 años y 4 meses de prisión la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por la muerte de su hijastro, un niño de dos años y cinco meses, en hechos ocurridos en Medellín en septiembre de 2017.

La decisión fue adoptada mediante sentencia del 14 de octubre de 2026, luego de que la Sala de Casación Penal acogiera los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, que cuestionó la eliminación de uno de los agravantes del homicidio durante el trámite judicial.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Cristo Rey, donde el menor fue víctima de asfixia y presentaba un cuadro severo de maltrato físico.

En primera instancia, Sepúlveda Jaramillo había sido condenado a 37 años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín redujo posteriormente la pena a poco más de 22 años, al retirar los agravantes relacionados con el homicidio.

Ante esa determinación, la Procuraduría intervino para solicitar que se restableciera el agravante asociado al aprovechamiento de la indefensión de la víctima. El organismo argumentó que, debido a su corta edad, el niño no tenía capacidad para resistir la agresión de un adulto y que esa circunstancia había sido comunicada desde la imputación.

La Corte Suprema acogió ese planteamiento y fijó la pena en 400 meses de prisión, equivalentes a 33 años y cuatro meses.

Condena contra la madre se mantiene

La decisión también mantuvo sin modificaciones la condena de 32 meses de prisión impuesta a la madre del menor, señalada como coautora del homicidio por no impedir la muerte de su hijo.

Con este fallo, la Corte modificó la pena del principal condenado y restableció el agravante que había sido retirado por el Tribunal Superior de Medellín.

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Un ciudadano murió y dos mujeres resultaron heridas tras un atentado con un vehículo cargado con explosivos contra la Subestación de Policía de El Estrecho, ubicada en el municipio de El Patía, Cauca.

El ataque fue rechazado por las autoridades nacionales, que anunciaron acciones para establecer quiénes estarían detrás de la acción violenta y avanzar en su judicialización.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se dispuso el despliegue de capacidades de la Fuerza Pública para identificar y capturar a los responsables del atentado. También se expresó solidaridad con los familiares de la persona fallecida y de las mujeres lesionadas.

El hecho representa un nuevo episodio de violencia contra la población y las instalaciones policiales en el departamento del Cauca, una región que continúa enfrentando problemas de orden público.

Las autoridades señalaron que las operaciones estarán orientadas a ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hasta el momento, la información suministrada no precisa la identidad de las víctimas ni señala qué estructura armada estaría detrás del ataque.

La investigación deberá establecer las circunstancias del atentado, la autoría y las posibles responsabilidades penales de quienes participaron en la acción.

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de presuntamente cometer actos de violencia sexual contra una adolescente de 16 años en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de octubre de 2026, cuando la menor se encontraba en una de las playas del municipio practicando surf.

Según el material probatorio recopilado por los investigadores, el señalado agresor, identificado por las autoridades como Juan Álvarez Torres, habría tomado del brazo a la adolescente para conducirla hacia un espacio privado de un establecimiento comercial vinculado a un reconocido club deportivo de la zona.

En ese lugar, presuntamente habría incurrido en conductas de exhibicionismo y otros comportamientos de carácter sexual. La investigación también señala que el hombre habría impedido que la menor abandonara el sitio y le habría manifestado amenazas de carácter sexual.

Fiscalía imputó el delito de acto sexual violento agravado

El caso fue investigado por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), adscrita a la Seccional Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la confianza que existía entre él, la adolescente y su entorno familiar y social para cometer las presuntas conductas investigadas.

Con base en los elementos recopilados durante el proceso, el ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento agravado. Sin embargo, el investigado no aceptó los cargos.

Tras la audiencia ante un juez de control de garantías, se dispuso su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las rutas de protección y denuncia frente a posibles hechos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Cristian Fernando Cañón Bernal, quien se desempeñó como secretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2024-2026, por presuntamente ejercer funciones públicas pese a encontrarse inhabilitado.

La investigación disciplinaria busca establecer si el exfuncionario desconoció una sanción que le había sido impuesta previamente y que contemplaba su destitución e inhabilidad general por un periodo de ocho años y seis meses.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la sanción estaría relacionada con actuaciones de Cañón Bernal durante su anterior gestión como subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

Procuraduría investiga presunto incumplimiento de sanción

Según el organismo de control, el investigado habría continuado desempeñando funciones públicas a pesar de que la decisión disciplinaria que establecía su inhabilidad ya se encontraba ejecutoriada.

La Procuraduría considera que el exsecretario habría actuado de manera consciente y voluntaria, con conocimiento de la restricción que le impedía ejercer cargos públicos.

Por estos hechos, la presunta conducta fue calificada provisionalmente como falta grave cometida a título de dolo.

Con la formulación del pliego de cargos, el proceso disciplinario avanza hacia la etapa en la que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa y presentar las explicaciones y pruebas que considere necesarias.

La actuación deberá establecer si existió un incumplimiento de la sanción disciplinaria y si hay lugar a declarar responsabilidad por parte del exfuncionario.

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Un laboratorio artesanal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el operativo fue adelantado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, en el corregimiento de Puerto Valdivia.

Durante la intervención, los militares encontraron una estructura rústica que contaba con diferentes elementos e insumos destinados a la producción de estupefacientes. Entre el material incautado e inutilizado se reportaron 800 litros de insumos líquidos, 10 bultos de hoja de coca, 10 bultos de insumos sólidos y varias canecas.

Presunta relación con el Clan del Golfo

Según el reporte militar, el laboratorio presuntamente estaría al servicio de la Subestructura Julio César Vargas, perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo.

El Ejército señaló que la infraestructura y los materiales destruidos representarían una afectación económica estimada en 70 millones de pesos para esta estructura ilegal.

La institución indicó que este tipo de operaciones busca debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que tienen presencia en el departamento de Antioquia.

Las autoridades militares anunciaron que continuarán desarrollando operaciones en la región para combatir las economías ilícitas y las actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, luego de que un juez de segunda instancia revocara la detención domiciliaria que cumplía desde el pasado 2 de octubre. La decisión se tomó en el proceso penal que se adelanta por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolvió la apelación presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas. El despacho modificó parcialmente la decisión inicial y ordenó que la medida de aseguramiento se cumpla en un establecimiento de reclusión, en lugar de la residencia del investigado.

Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que Quintero Calle fuera recluido en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá. Su traslado se realizó el viernes 30 de octubre, bajo custodia de las autoridades.

¡EN LA PATRIA MILAGRO NO HAY ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD NI PARA LOS PRIVILEGIOS CARCELARIOS!

Este es Miguel Andrés Quintero Calle, acusado de corrupción.

¡Bienvenido a la Patria Milagro!

¡Firme por la Patria!

¡Viva Cristo Rey!

(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/RMEAgbNU5t

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 31, 2026

¿Por qué revocaron la detención domiciliaria?

La decisión judicial se produjo después de que las partes apelaran la medida adoptada el 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que había autorizado que Miguel Quintero permaneciera privado de la libertad en su domicilio.

Durante la sustentación de los recursos, la Fiscalía argumentó que la detención domiciliaria no era suficiente para controlar los riesgos que, según el ente acusador, representaría el investigado para el desarrollo de la actuación penal. Entre los aspectos expuestos estuvieron sus presuntas posibilidades de comunicarse con otros involucrados e influir en personas relacionadas con la investigación.

El juez de segunda instancia consideró que la medida en residencia no resultaba suficiente para neutralizar esos riesgos y ordenó la detención preventiva en un establecimiento carcelario.

La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 17.656 millones de pesos.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, en esos negocios se habría estructurado un esquema de direccionamiento contractual y pago de presuntas comisiones. El ente acusador señala que Miguel Quintero habría recibido cerca de 1.653 millones de pesos y que el monto total de los recursos presuntamente apropiados ascendería a 2.481 millones de pesos.

El investigado fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Sin embargo, no aceptó los cargos.

En el mismo proceso también fueron vinculados otros exfuncionarios y particulares. Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los investigados, continuará bajo las condiciones no privativas de la libertad definidas por el despacho judicial.

Daniel Quintero cuestionó el traslado de su hermano

Tras conocerse la decisión y las imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Daniel Quintero reaccionó públicamente y cuestionó el tratamiento dado a su familiar.

El exalcalde sostuvo que su hermano está siendo presentado como responsable de delitos sin que exista una condena en su contra. También calificó la actuación como una forma de persecución política y pidió la intervención de la justicia.

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expresó en su cuenta de X.

En otro pronunciamiento, el exmandatario cuestionó que su hermano fuera trasladado a un centro penitenciario en Boyacá, lejos de su hija de seis años, quien permanece en Medellín. También aseguró que el progresismo enfrenta una persecución política.

Posteriormente, Daniel Quintero insistió en sus críticas al presidente Abelardo De la Espriella y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En uno de sus mensajes manifestó: “El trato de criminal que se le ha dado a mi hermano dice más de quienes nos gobiernan que de Miguel”.

El trato de criminal que se le ha dado a mi hermano dice más de quienes nos gobiernan que de Miguel. Pido a la justicia no quedarse cruzada de brazos mientras Fico y Abelardo hacen lo que se les da la gana. Pido al progresismo unirnos contra el lawfare que han convertido en programa de gobierno, y pido al pueblo prepararnos para enfrentar la avanzada antidemocrática con la que quieren someter a Colombia.

— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 31, 2026

Reacciones políticas en Medellín

La decisión judicial también generó pronunciamientos de dirigentes políticos de Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró que se revocara la detención domiciliaria y recordó que la administración distrital había apelado esa determinación.

“Se empieza a hacer justicia”, escribió el mandatario en X, donde también dirigió cuestionamientos contra el exalcalde Daniel Quintero.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, calificó la decisión como una victoria para la ciudad y afirmó que continuará haciendo seguimiento al caso.

Desde otro sector político, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rechazó la forma en que se presentó públicamente el traslado del investigado. Señaló que exhibir a una persona como un trofeo resulta degradante y cuestionó el mensaje institucional que, a su juicio, se transmite con ese tipo de actuaciones.

El presidente Abelardo De la Espriella también se refirió al caso y celebró que Miguel Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario.

Así fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá, Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. https://t.co/9tuYnnpWX8

— Mauricio Vanegas (@Marovaan) October 31, 2026

El proceso penal continúa

El traslado a Cómbita modifica el lugar en el que Miguel Andrés Quintero Calle deberá cumplir la medida de aseguramiento, pero no significa que haya sido condenado por los hechos investigados.

La Fiscalía deberá continuar con el proceso y sustentar sus señalamientos ante la justicia, mientras que la defensa podrá controvertir las pruebas y argumentos presentados por el ente acusador.

El caso mantiene la atención pública en Medellín y el Valle de Aburrá por el valor de los contratos bajo investigación, las personas vinculadas y las repercusiones políticas que ha generado. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser establecida por los jueces competentes.

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La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Luis Alfonso Muñoz Garzón, de 57 años, señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de Yuliza Orozco Orozco, una mujer trans y lideresa de la comunidad LGBTIQ+ en La Ceja, Antioquia.

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2025 en la vereda Pantanillo, zona rural del municipio. Según la investigación, la víctima, de 46 años, fue encontrada sin vida con dos heridas ocasionadas por disparos en la cabeza.

De acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores, el hombre habría recogido a Orozco en un vehículo particular en la zona urbana de La Ceja y la habría trasladado hasta el lugar donde posteriormente fue encontrada.

Captura e imputación de cargos

Muñoz Garzón fue capturado el 24 de octubre de 2026 por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Antioquia le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso penal.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron un revólver calibre 38. El arma será sometida a un análisis de balística para establecer si tiene relación con el homicidio investigado.

Un caso que involucra a una lideresa LGBTIQ+

Yuliza Orozco Orozco era reconocida por su liderazgo y activismo en la comunidad LGBTIQ+ de La Ceja. Su asesinato es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

La Fiscalía deberá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer la eventual responsabilidad penal del procesado. La imputación de cargos y la medida de aseguramiento no constituyen una condena, por lo que se mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.

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