La Policía Nacional en Antioquia reportó la captura de un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana, señalado del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:55 de la tarde, en el sector El Cementerio, del corregimiento de Santa Isabel, durante actividades de registro, control y prevención adelantadas por uniformados de la Subestación de Policía Santa Isabel.

Según el reporte oficial, los policías realizaban registro a personas y verificación de antecedentes, como parte de la estrategia institucional “Juntos por Antioquia”, cuando encontraron en poder del ciudadano un arma de fuego.

¿Qué encontraron durante el procedimiento?

De acuerdo con la Policía, al hombre le fue incautada una pistola marca Glock 17, calibre 9 milímetros, junto con 54 cartuchos del mismo calibre y un proveedor.

Durante el procedimiento también fueron incautados otros elementos:

• Un dron DJI Matrice 4T.
• Tres baterías.
• Un control remoto.
• Un cargador para el equipo.

Las autoridades no informaron, en el reporte conocido, sobre el posible uso que tendrían estos elementos ni sobre una relación entre el dron y alguna actividad delictiva.

Capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El hombre capturado y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Será la autoridad judicial competente la que determine la situación jurídica del procesado y su eventual responsabilidad, conforme a las pruebas recopiladas durante la investigación y con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando actividades de prevención, registro y control en diferentes sectores de Antioquia, con el objetivo de prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.

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La medida fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y, de acuerdo con el comunicado oficial, busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de operación de estructuras criminales.

Los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Según el Gobierno, la decisión hace parte de las primeras medidas adoptadas para recuperar el control permanente de las cárceles y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, señala el comunicado de la Presidencia.

#BoletínINPEC | Así se ejecutó el traslado de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil, vinculadas a negociaciones de paz en diferentes sectores del país, como parte de las medidas para fortalecer el control penitenciario y la seguridad. pic.twitter.com/MZVjgISOHM

— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) August 8, 2026

¿Qué significa para los diálogos de paz urbana?

La decisión tiene una implicación política que va más allá del sistema penitenciario: pone en entredicho la continuidad de los diálogos de paz urbana que se desarrollaban con integrantes de estructuras criminales recluidos en cárceles.

En procesos de este tipo, los internos de alto perfil pueden cumplir un papel como interlocutores o representantes de las organizaciones criminales, por lo que su traslado a establecimientos de mayor seguridad puede dificultar o incluso impedir las comunicaciones que permitían mantener las conversaciones con las estructuras que operan en las ciudades.

En el caso de Medellín, la decisión resulta especialmente relevante debido al papel que han tenido personas privadas de la libertad en los acercamientos entre el Estado y estructuras criminales de la ciudad y el Valle de Aburrá.

Por ahora, el comunicado presidencial no declara formalmente terminados los diálogos de paz urbana. Sin embargo, el traslado de los principales interlocutores penitenciarios representa un cambio sustancial frente al modelo de negociación que se venía desarrollando y podría significar, en la práctica, el desmonte de uno de los principales canales de comunicación entre el Gobierno y las estructuras criminales.

La pregunta que queda abierta es si el Gobierno de De La Espriella pretende reformular completamente los diálogos de paz urbana o ponerles fin, sustituyendo la estrategia de negociación por una política centrada en el control penitenciario y la acción de la Fuerza Pública.

El Gobierno, por ahora, presenta la decisión como una medida para recuperar el control de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios sean utilizados para coordinar actividades criminales.

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El operativo se desarrolló en el marco de la estrategia ‘Feria Segura’ y fue resultado de una investigación de aproximadamente ocho meses adelantada por el GAULA Metropolitano.

Investigación permitió identificar a presuntos integrantes

De acuerdo con las autoridades, durante la investigación se realizaron análisis de líneas telefónicas, revisión de cámaras de seguridad y otras actividades de policía judicial que permitieron identificar a un presunto cabecilla de zona, tres coordinadores y otros integrantes de la estructura.

Los investigadores señalan que los hoy judicializados estarían relacionados con actividades de extorsión a comerciantes informales, administradores de parqueaderos y revendedores de boletería durante eventos de alta afluencia de público.

También serían investigados por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Presuntas extorsiones durante conciertos y partidos

Según la investigación, la estructura habría aprovechado eventos realizados en escenarios como el Estadio Atanasio Girardot y el Centro de Espectáculos La Macarena para realizar exigencias económicas.

Las autoridades indicaron que los revendedores de boletería presuntamente debían pagar entre $80.000 y $100.000 por evento, mientras que a administradores de parqueaderos les exigirían entre $200.000 y $300.000.

En el caso de quienes realizaban parqueo informal en vía pública, las exigencias serían de $3.000 por motocicleta y $8.000 por automóvil.

De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, las rentas criminales de la estructura durante algunos eventos podrían alcanzar entre $200 millones y $300 millones.

Entre los capturados está alias ‘El Sobri’

Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘El Sobri’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de zona de ‘La Terraza’.

Según la investigación, este hombre sería el encargado de coordinar diferentes actividades criminales y, presuntamente, rendir cuentas sobre las rentas obtenidas en el sector a un integrante histórico de la organización conocido como ‘Serrucho’.

También fueron capturados tres presuntos coordinadores identificados con los alias de ‘El Ruso’, ‘La Bruja’ y ‘Carlangas’.

Las autoridades señalan que ‘El Ruso’ estaría relacionado con la coordinación de actividades extorsivas durante eventos deportivos y conciertos; ‘La Bruja’ tendría presunta injerencia en el sector de Naranjal y ‘Carlangas’ sería el encargado de manejar y recaudar recursos de la estructura.

Allanamientos dejaron armas y celulares incautados

La operación incluyó 11 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 3, Manrique, y 4, Aranjuez, de Medellín.

Durante los procedimientos fueron incautadas tres armas de fuego, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis forense y podrían ser incorporados al proceso judicial como material probatorio.

Los 11 adultos, con edades entre los 18 y 46 años, y los dos adolescentes de 16 y 17 años fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

En las audiencias preliminares, un juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los adultos. Los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos y el proceso correspondiente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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Las autoridades asestaron un nuevo golpe contra las finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. En una operación conjunta realizada en el municipio de Zaragoza fue capturado en flagrancia alias «el Tuerto», señalado como presunto cabecilla financiero de la Subestructura Uldar Cardona Rueda de ese grupo armado organizado.

El operativo fue desarrollado por tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

Durante diligencias de allanamiento y registro a un inmueble del área urbana, las autoridades hallaron más de 1.000 millones de pesos en efectivo, además de un revólver calibre 38, munición y una máquina contadora de billetes.

De acuerdo con la información recopilada por los organismos de inteligencia, el dinero estaría destinado al pago de integrantes de la organización criminal y sería producto, presuntamente, del cobro de extorsiones a comerciantes, empresarios y habitantes de la región, así como de otras actividades ilegales.

Uno de los hechos que llamó la atención durante la operación fue que, según el Ejército Nacional, el capturado habría intentado sobornar a una oficial que participaba en el procedimiento, ofreciéndole 500 millones de pesos para evitar su captura. La uniformada rechazó el ofrecimiento y reportó de inmediato la situación a las autoridades competentes.

El capturado, el dinero y los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación a las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, considerada una de las principales estructuras del Clan del Golfo con presencia en el Bajo Cauca antioqueño.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones para debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con la criminalidad a través de la línea gratuita 147.

Con información del Ejército Nacional.

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Los procesados fueron identificados como Júnior José Redín Segura, Pablo Andrés Mosquera Ramírez, Jenny Marilín Cepeda Cortés y Julián Esteban Burbano Burbano, quienes, según la investigación, habrían integrado desde 2025 esa estructura armada ilegal con presencia en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo estaría vinculado con actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones, homicidios selectivos y atentados terroristas.

Las investigaciones indican que Pablo Andrés Mosquera Ramírez y Jenny Marilín Cepeda Cortés habrían participado en la coordinación del atentado con explosivos contra la sede de una emisora radial en el centro de Pasto, ocurrido el 25 de noviembre de 2025. Según el ente acusador, ambos habrían asistido a reuniones en las que se planeó el ataque y coordinado la entrega del artefacto explosivo.

Por su parte, Júnior José Redín Segura y Julián Esteban Burbano Burbano presuntamente cumplían funciones de inteligencia, coordinación y planeación de acciones con explosivos dentro de la organización ilegal.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según la presunta responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, así como terrorismo.

Los cuatro procesados no aceptaron los cargos durante las audiencias preliminares.

Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía señaló que la información se divulga por razones de interés general.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.

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Los operativos fueron desarrollados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional en los municipios de Santa Rosa de Osos, San Carlos, Bolombolo, Caramanta y Santuario, como parte de las acciones para combatir la explotación ilícita de yacimientos mineros y proteger los recursos naturales del departamento.

Según informó la institución, los cuatro capturados deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, contemplado en el artículo 332 del Código Penal.

Destruyeron maquinaria utilizada en la minería ilegal

Durante las intervenciones, las autoridades destruyeron tres dragas, nueve motobombas, un motor, una planta eléctrica, tres clasificadoras, ocho mangueras de succión, dos compresores, dos plataformas y cuatro embalses artesanales elaborados con tarros plásticos, elementos que, según la investigación, eran utilizados para desarrollar actividades de extracción ilegal.

Además, fueron incautadas dos dragas, cuatro motobombas, tres motores, dos clasificadoras, un compresor, dos taladros, cuatro granuladoras, dos mangueras de succión, tres excavadoras y retroexcavadoras, así como un tractor que, presuntamente, era empleado en estas actividades.

Buscan proteger los recursos naturales

La Policía Nacional señaló que estos operativos hacen parte de la estrategia institucional para fortalecer la seguridad ambiental y rural, así como proteger los ecosistemas afectados por la minería ilegal.

La institución indicó que continuará desarrollando acciones operativas y preventivas para combatir los delitos que afectan los recursos naturales y contribuir a la conservación del patrimonio ambiental y la seguridad de las comunidades.

Con información de la Policía Nacional.

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La medida fue adoptada por la Regional Antioquia-Chocó durante el procedimiento de control migratorio, luego de verificar que sobre el extranjero existía una consigna emitida previamente por la entidad para impedir su ingreso al territorio nacional.

¿Por qué fue inadmitido?

De acuerdo con Migración Colombia, la decisión se sustentó en información recopilada por la entidad que lo relacionaría con la presunta promoción de turismo con fines de explotación sexual mediante plataformas digitales y redes sociales.

Tras analizar la información disponible, la autoridad migratoria aplicó la medida administrativa de inadmisión, impidiendo su ingreso a Colombia y ordenando su retorno en el siguiente vuelo disponible, conforme a la normatividad migratoria vigente.

La entidad precisó que esta actuación hace parte de la estrategia nacional para combatir el turismo con fines de explotación sexual y proteger a niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a este fenómeno.

Cerca de 150 extranjeros inadmitidos en 2026

Según Migración Colombia, durante lo corrido de 2026 han sido inadmitidos cerca de 150 ciudadanos extranjeros en distintos puestos de control migratorio del país por presentar indicios relacionados con turismo con fines de explotación sexual.

De ese total, 107 medidas se han aplicado en Antioquia, principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, como resultado de entrevistas migratorias y labores de verificación adelantadas por los oficiales de la entidad.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que la entidad ha fortalecido sus mecanismos de análisis y control para identificar oportunamente a personas que pretendan ingresar al país con fines relacionados con la explotación sexual.

«Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual. Seguiremos trabajando de manera articulada con las demás autoridades para proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar que Colombia sea un destino para el turismo responsable y respetuoso de los derechos humanos», afirmó la funcionaria.

El antecedente de otros influenciadores extranjeros

Migración Colombia recordó que esta actuación se suma a otros procedimientos recientes.

El 25 de mayo de 2026, la entidad inadmitió en el Aeropuerto Internacional El Dorado a un influenciador estadounidense conocido en redes sociales como «Casey Red Beard», quien pretendía ingresar al país procedente de Miami. Según la autoridad migratoria, existían consignas previas relacionadas con denuncias públicas que lo vinculaban con la presunta promoción de encuentros y fiestas privadas dirigidas a ciudadanos extranjeros, actividades que podrían estar asociadas con conductas de trata de personas y explotación sexual.

De igual forma, el 11 de abril de 2026, Migración Colombia deportó al creador de contenido extranjero conocido como «Chill Capo», tras establecer que promovía en sus redes sociales encuentros y fiestas para turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual. La entidad indicó que, además, permanecía de manera irregular en el territorio nacional, por lo que se ordenó su deportación y la prohibición de ingresar a Colombia por un período mínimo de cinco años.

¿Qué es el movimiento «Passport Bros»?

El denominado «Passport Bros» es un movimiento informal integrado principalmente por hombres estadounidenses que viajan a países de América Latina, Asia y Europa del Este con el propósito de establecer relaciones sentimentales o buscar matrimonio con mujeres extranjeras.

No obstante, las autoridades colombianas han advertido que algunas personas vinculadas o que se identifican con este movimiento han sido objeto de investigaciones o controles migratorios por la presunta promoción de contenidos y actividades que podrían facilitar el turismo con fines de explotación sexual.

Con información de Migración Colombia.

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Las autoridades capturaron a tres personas señaladas de integrar la estructura delincuencial conocida como ‘Los Goteros’, presuntamente responsable del homicidio de Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano estadounidense y auxiliar de American Airlines, quien había sido reportado como desaparecido en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el crimen habría ocurrido tras un encuentro concertado mediante una aplicación de citas, modalidad que, según las autoridades, era utilizada por la organización para contactar principalmente a ciudadanos extranjeros.

Así habría operado la estructura

Las investigaciones indican que los presuntos integrantes de la red establecían contacto con sus víctimas a través de plataformas digitales, generaban confianza y acordaban encuentros en establecimientos comerciales o alojamientos.

Según la Fiscalía, una vez las víctimas se encontraban con los sospechosos, presuntamente les suministraban sustancias químicas para dejarlas en estado de indefensión y posteriormente apoderarse de dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor.

En el caso de Eric Fernando Gutiérrez Molina, las autoridades lograron reconstruir sus últimos movimientos. La investigación señala que, tras ser contactado por medio de una aplicación, se reunió con varias personas en un establecimiento nocturno del sector de El Poblado y posteriormente fue trasladado a un motel, donde presuntamente le suministraron una sustancia química.

Medicina Legal determinó la causa de la muerte

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Las autoridades sostienen que, mientras la víctima se encontraba en estado de indefensión, los presuntos responsables realizaron retiros bancarios y hurtaron bienes avaluados en cerca de 30 millones de pesos.

Posteriormente, el cuerpo fue abandonado en una zona rural del municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño.

Capturas en Colombia y Perú

Como parte de la investigación, las autoridades lograron ubicar en Perú a uno de los presuntos responsables, un hombre de 23 años que, según la investigación, había huido inicialmente hacia Ecuador antes de ser localizado mediante una Circular Azul de Interpol, con apoyo de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Otro hombre, de 31 años, también fue retenido en Lima, mientras avanzan los trámites para su traslado a Colombia.

De manera paralela, en Montería fue capturada una mujer señalada de presuntamente movilizar recursos obtenidos mediante los hurtos cometidos contra ciudadanos extranjeros.

Los delitos imputados

Los dos hombres son requeridos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, mientras que la mujer deberá responder por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más personas vinculadas a esta organización delincuencial y avanzar en el esclarecimiento de otros casos que podrían estar relacionados con esta modalidad delictiva.

De acuerdo con las autoridades, la estructura conocida como ‘Los Goteros’ utilizaba aplicaciones de citas para seleccionar a sus víctimas, una práctica que ha sido objeto de varias investigaciones por afectar tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros en Medellín.

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La decisión fue adoptada mediante una medida cautelar de urgencia, al considerar que el acto administrativo podría vulnerar derechos laborales y afectar el desarrollo de los procesos de contratación pública.

De acuerdo con el alto tribunal, aunque la resolución señalaba que la habilitación de esos días tenía como único propósito el cómputo de términos dentro de los procesos de contratación y ejecución presupuestal, también ordenaba concertar y programar la asistencia de los servidores públicos durante esas jornadas.

Además, establecía que quienes laboraran en esos días no tendrían derecho al pago de horas extras ni a una remuneración adicional.

Para el despacho, esa disposición resulta contradictoria con el objetivo planteado por el DAPRE y desconoce las garantías previstas para los servidores públicos que trabajan en domingos y festivos.

Posible afectación de derechos laborales

El Consejo de Estado indicó que la resolución desconoce el derecho de los trabajadores a optar entre un día de descanso compensatorio o el pago del recargo correspondiente por laborar en domingos y festivos, tal como lo establece el artículo 40 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Asimismo, advirtió que la medida modificaba la forma en que se contabilizan los términos legales en los procesos de selección de contratistas, lo que también podría afectar a terceros, como proponentes y contratistas que participan en esas actuaciones administrativas.

La suspensión fue decretada mediante el procedimiento de urgencia contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Consejo de Estado explicó que la resolución solo tenía vigencia hasta el 2 de agosto de 2026, por lo que un trámite ordinario habría impedido que la medida cautelar produjera efectos oportunos.

Con esta decisión, la resolución del DAPRE queda suspendida de manera provisional mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad.

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