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Juez mantiene la detención preventiva de Papá Pitufo y deja vigente la orden para ejecutarla en Colombia

Nación Paisa — Thu, 25 Jun 2026 21:01:22 +0000

La detención preventiva de Papá Pitufo seguirá en pie: un juez negó la petición de la defensa de Diego Marín Buitrago para levantar la medida de aseguramiento. Con esa decisión, la orden queda habilitada para aplicarse en Colombia si el procesado llega a estar a disposición de las autoridades dentro del trámite de extradición desde Portugal.

Qué cambia (y qué no) tras el rechazo a la solicitud de la defensa

El pronunciamiento no resuelve la responsabilidad penal de Marín Buitrago ni define el fondo del caso. Su efecto es procesal: mantiene la restricción de libertad ya decretada mientras avanza la actuación por presuntos delitos vinculados con contrabando.

En términos prácticos, la medida queda “lista” para ejecutarse cuando corresponda. Eso significa que, si el procesado ingresa al país bajo custodia o queda formalmente a disposición de las autoridades colombianas por el trámite internacional, la privación de la libertad podría aplicarse de forma directa mientras el proceso continúa.

En el expediente se menciona que Marín Buitrago fue liberado en Portugal, en un contexto en el que la extradición seguiría en curso. Por ahora, la decisión judicial se limita a mantener vigente la detención preventiva y a negar la variación que pidió la defensa.

La detención preventiva de Papá Pitufo, sustentada en el artículo 307

Para sustentar la negativa, el juez se apoyó en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. En la audiencia citó, en particular, el literal B y los numerales cuatro y siete como marco para mantener la detención en esta etapa del proceso.

La defensa también alegó que la Fiscalía no habría solicitado una prórroga. El despacho estudió ese argumento, pero concluyó que no tenía el alcance suficiente para revertir la medida. Además, analizó la notificación y señaló que la medida no se ha “surtido de manera personal e inequívoca” frente al procesado, un elemento que hizo parte del examen.

El juez revisó igualmente la jurisprudencia aportada por la defensa, incluida una referencia a un expediente del 18 de octubre de 2017, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Según la determinación, ese precedente no fue desarrollado con la profundidad requerida para justificar el cambio solicitado.

Proceso paralelo en Bolívar: policías investigados y nuevas pruebas admitidas

En otro frente, en Bolívar avanza un proceso que la Fiscalía relaciona con una red atribuida a Marín Buitrago. En ese expediente se indaga a cuatro integrantes de la Policía Nacional: Alexander Galeano Ardila, Ricardo Orozco Baeza (El Bendecido), Mario Andrés Sarmiento Rojas y José Helí Álzate Moncayo.

El caso los vincula con concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. Allí, el 27 de mayo de 2026 el Juzgado Quinto especializado avaló una solicitud de la Fiscalía para incorporar nuevas pruebas.

Entre lo admitido figuran la declaración de un agente encubierto y evidencias digitales y documentales orientadas a revisar audios, videos y conversaciones. En ese mismo expediente se reconoció a la DIAN como víctima y se incorporó un acta de incautación por $300 millones, dentro del avance probatorio reportado en la actuación.

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43 capturados, más de dos kilos de droga incautados y armas decomisadas: balance de seguridad en Bello

Nación Paisa — Thu, 25 Jun 2026 05:22:47 +0000

Las autoridades reportaron la captura de 43 personas por diferentes delitos en Bello durante la última semana, en el marco de los operativos de inspección, vigilancia y control adelantados por la Alcaldía y la Policía Nacional para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad en el municipio.

De acuerdo con el balance oficial, durante los procedimientos también fueron incautados más de 2.000 gramos de estupefacientes, decomisadas dos armas de fuego y recuperados tres vehículos que figuraban en investigaciones o reportes de las autoridades.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en el barrio Niquía, donde uniformados capturaron a un hombre de 34 años y una mujer de 22 años señalados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego e intimidación. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las respectivas investigaciones judiciales.

Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte de las estrategias permanentes de control y prevención que se desarrollan en distintos sectores de Bello para enfrentar delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, el porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.

Además de las acciones operativas, la Administración Municipal adelantó intervenciones para recuperar el espacio público en sectores como San Martín, París, La Sonora, Villas del Sol, Villa Linda y Fontidueño, donde fueron retirados parqueaderos improvisados que ocupaban vías públicas y zonas verdes.

Las autoridades también destacaron el trabajo de la Casa de Justicia, que durante este año ha recibido más de 310 denuncias ciudadanas y ha realizado 112 valoraciones médico-legales, fortaleciendo el acceso a la justicia y la atención a las víctimas.

Por su parte, el Centro de Traslado por Protección (CTP), que funciona las 24 horas del día, atendió a más de 90 ciudadanos durante el último mes. En lo corrido de 2026 mantiene un promedio de 65 personas atendidas mensualmente, brindando acompañamiento psicosocial y atención en salud a personas que se encuentran en situaciones de riesgo.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y continuar avanzando en la protección de la seguridad y la convivencia ciudadana en Bello.

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Captura de Luis Mariano Díaz: operativo en Atlántico por presunta red de ‘gota a gota’

Nación Paisa — Wed, 24 Jun 2026 16:02:37 +0000

La captura de Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, se produjo el 24 de junio en el marco de un operativo en el área metropolitana de Barranquilla contra una presunta red de ‘gota a gota’. Las autoridades lo trasladaron al Gaula de la Policía en Barranquilla mientras avanza el proceso judicial.

Operativos en Soledad y el área metropolitana de Barranquilla

Las autoridades capturaron a Luis Mariano Díaz González en cumplimiento de una orden judicial dentro de una investigación por presuntas actividades de préstamos ilegales, conocidos como “gota a gota”, en el Atlántico. El procedimiento incluyó allanamientos y se desarrolló en la madrugada del 24 de junio en el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la información reportada, el operativo se concentró en Soledad (Atlántico) y también en el sector de Villa Campestre. Tras las detenciones, los capturados fueron llevados a las instalaciones del Gaula en el norte de Barranquilla, donde permanecen a la espera de las diligencias ante un juez.

Sobre el número total de detenidos, las versiones publicadas difieren: en algunos reportes se habla de cinco capturados junto con Díaz González y en otros se menciona un total de seis personas. En cualquier caso, el procedimiento se enmarca en una investigación por presunta participación en una estructura de cobradiarios y prestamistas ilegales.

La investigación: préstamos informales y señalamientos por secuestro

El caso se relaciona con una investigación cuyo origen se ubica a finales de 2025, tras una denuncia de un ciudadano que aseguró haber sido víctima de una red de “gota a gota”. Según la información conocida hasta ahora, la denuncia apunta a que la víctima habría sido retenida y sometida a agresiones durante dos días después de incumplir los pagos exigidos.

En esta causa, Díaz González es señalado de manera preliminar por delitos como secuestro y extorsión, y también aparece mencionado por presunto secuestro y tortura en algunas versiones sobre el expediente. BLU Radio indicó que sería procesado por secuestro y tortura, y lo ubicó como presunto cabecilla de la red investigada.

En el listado de capturados también figuran Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz. Además, se ha mencionado que entre los detenidos estaría un familiar de un funcionario del CTI de la Fiscalía, un dato que ha llamado la atención alrededor del caso.

Audiencias y próximos pasos ante la justicia

Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías para el trámite de legalización de capturas y eventuales imputaciones. El Espectador señaló que la presentación ante el juez está programada para el 25 de junio, mientras otras versiones apuntan a que las diligencias se realizarán “en las próximas horas”.

El proceso sigue en desarrollo y las autoridades mantienen reserva sobre aspectos del expediente, a la espera de que la Fiscalía exponga ante el juez los elementos que sustentan las órdenes judiciales. Por ahora, el caso permanece concentrado en la investigación contra la presunta estructura de préstamos ilegales en Barranquilla y municipios cercanos.

Díaz González es hijo de Betsy Liliana González y de Diomedes Díaz. Tras la captura, residentes del sector donde, según las autoridades, operarían estas actividades, afirmaron a medios locales que desconocían cualquier presunta relación del hijo del cantante con los hechos investigados.

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Carta de Sneyder Pinilla a EE. UU.: propone reunión y entrega de información sobre el caso UNGRD

Nación Paisa — Tue, 23 Jun 2026 21:21:17 +0000

La carta de Sneyder Pinilla a EE. UU., fechada el 23 de junio de 2026, plantea a autoridades de ese país la posibilidad de una reunión para compartir información sobre el caso UNGRD y presuntos hechos de corrupción en Colombia. El documento ofrece un encuentro virtual o presencial, pero deja cualquier agenda sujeta a la decisión de los destinatarios.

Los destinatarios: congresistas y una copia al Departamento de Estado

En la comunicación, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez se presenta como testigo y colaborador de la justicia dentro del proceso que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En ese marco, describe su mensaje como una “manifestación formal de cooperación” y pone a disposición información para instancias de Estados Unidos.

La carta está dirigida a la congresista María Elvira Salazar y al senador Bernardo Francisco Moreno Mejía. Además, incluye copia al secretario de Estado Marco Rubio, según se lee en el documento fechado el 23 de junio de 2026.

Pinilla solicita una reunión para entregar lo que asegura haber conocido durante su colaboración con la justicia. En el escrito indica que puede ser presencial o virtual y que se realizaría en la fecha que definan las autoridades estadounidenses, sin fijar un lugar ni un calendario propios.

Qué dice que puede aportar sobre el caso UNGRD

En su carta, Pinilla sostiene que conoció hechos, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de funcionarios y particulares. En su versión, esa información permitiría dimensionar el alcance de una presunta estructura de corrupción que, según plantea, habría operado en entidades estatales colombianas.

También afirma que puede entregar documentos, testimonios y otros elementos. En el mismo texto, señala que el material “puede ser verificado y contrastado” por vías oficiales y enmarca su ofrecimiento en la cooperación contra la corrupción tanto en Colombia como en el plano internacional.

El documento sugiere que lo que dice tener podría resultar de interés para autoridades de Estados Unidos que evalúan riesgos asociados a corrupción pública, redes de influencia y posibles movimientos financieros internacionales vinculados con recursos estatales. Esa utilidad aparece como un planteamiento del remitente, no como una conclusión atribuida a autoridades estadounidenses.

Por qué la carta no implica, por sí sola, una actuación formal de EE. UU

El caso UNGRD figura entre las investigaciones por corrupción de mayor impacto en Colombia en los últimos años. En el proceso han intervenido la Fiscalía y otros organismos de control, con imputaciones, acuerdos de colaboración y declaraciones de varios implicados, incluido Pinilla dentro de los trámites judiciales en curso.

En ese contexto, la carta busca abrir un canal de interlocución con congresistas y autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, la solicitud de reunión no equivale por sí sola al inicio de una actuación formal de ese país: cualquier intercambio y el eventual uso de lo ofrecido dependerán de los procedimientos oficiales que decidan activar las autoridades estadounidenses.

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Indagatoria a Álvaro Uribe: Fiscalía la fijó para el 24 de julio por El Aro y La Granja

Nación Paisa — Tue, 23 Jun 2026 19:36:36 +0000

La indagatoria a Álvaro Uribe quedó programada para el 24 de julio, dentro de la investigación de la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja en Antioquia. El expresidente confirmó la citación y cuestionó que, según su versión, la diligencia se fijó sin que se hubieran practicado pruebas solicitadas por su defensa.

Qué investiga la Fiscalía en el caso de El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación citó al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez a indagatoria a través de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se relaciona con hechos ocurridos en Antioquia en 1996 y 1997, periodo en el que Uribe era gobernador del departamento.

De acuerdo con lo informado en las publicaciones, el despacho que lleva el caso es la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema y la investigación incluye, entre otros puntos, su presunta vinculación en los hechos asociados a las masacres de La Granja y El Aro. En el expediente también aparecen líneas sobre la presunta conformación y actuación de grupos paramilitares en el departamento.

Según se conoció, la indagatoria se enmarca en delitos como homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Además, las fuentes señalan que el proceso incorporó el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal de Ituango en la época y defensor de derechos humanos, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998.

En el recuento del caso también se menciona que la investigación se abrió en 2000, tuvo una decisión inhibitoria a finales de ese año y fue reactivada en 2013, a partir de comunicaciones y declaraciones de exintegrantes de grupos armados ilegales. Tras la salida de Uribe del Senado, el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía en diciembre de 2020, con la práctica de distintos actos de investigación, incluida una versión libre del indiciado.

Uribe y su defensa denuncian falta de pruebas; víctimas celebran la citación

Uribe anunció la diligencia en su cuenta de X y sostuvo que la Fiscalía lo llamó a indagatoria sin practicar pruebas que, según él, habían sido decretadas. En ese mensaje recordó un episodio de su proceso anterior en la Corte Suprema: “Esto es un atropello”, escribió al comparar la citación con decisiones que atribuyó al magistrado César Reyes.

En otro pronunciamiento, el exmandatario afirmó que el ente acusador actúa con motivación política y que buscaría privarlo de la libertad. También señaló que la notificación de la decisión se conoció a pocos días de una segunda vuelta presidencial; en una de las versiones se menciona que esa segunda vuelta sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, expresó reparos y calificó la determinación de “irregular” y “políticamente motivada”. Según esa postura, resultó sorpresivo que se convocara a la diligencia sin agotar actuaciones probatorias solicitadas, decretadas y posteriormente prorrogadas.

Del otro lado, la representación de víctimas respaldó la decisión. El abogado Miguel Ángel del Río dijo que recibió “con mucha satisfacción” el llamado a indagatoria y afirmó que, tras años de espera, la actuación reafirma que nadie está por encima de la ley. También sostuvo que el expediente cuenta con elementos suficientes para la diligencia.

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Policía reporta cuatro capturas por delitos electorales y 87 detenciones en Plan Cazador durante jornada electoral

Nación Paisa — Mon, 22 Jun 2026 19:19:33 +0000

La Policía Nacional entregó el balance de seguridad de la jornada electoral, en la que se registraron cuatro capturas por presuntos delitos electorales en los departamentos de Cesar, Guainía, Córdoba y Antioquia, además de un amplio despliegue operativo en el marco del Plan Cazador.

Según la institución, los procedimientos se realizaron por hechos relacionados con perturbación al certamen democrático y presunto voto fraudulento, como parte de los controles implementados para garantizar la transparencia del proceso electoral.

El brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aseguró que el dispositivo de seguridad se mantuvo activo en todo el territorio nacional.

“La Policía Nacional mantuvo desplegadas todas sus capacidades humanas, tecnológicas y operativas para garantizar la seguridad de los colombianos y la protección de la democracia. Continuaremos acompañando las etapas posteriores del proceso electoral y los escrutinios”, señaló el oficial.

Plan Cazador dejó 87 capturas en 61 municipios

De manera paralela, el Plan Cazador permitió la captura de 87 personas en 61 municipios del país por delitos como homicidio, concierto para delinquir y delitos sexuales.

Uno de los resultados más relevantes se registró en Cantagallo (Bolívar), donde las autoridades incautaron más de 109 millones de pesos y capturaron a una persona por presunto lavado de activos.

Comparendos y control del orden público

Durante la jornada también fueron impuestos 1.021 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, principalmente en Bogotá, Cali y Villavicencio.

Adicionalmente, la Policía reportó la atención de 81 casos por posibles irregularidades electorales a través de la plataforma URIEL y 66 llamadas a la Línea Anticorrupción 157, como parte de los mecanismos de control ciudadano.

Manifestaciones y atención de alteraciones

Tras el cierre de urnas, se registraron manifestaciones en 82 municipios y en Bogotá, eventos que fueron monitoreados por las autoridades.

En cuatro casos puntuales, en Cali y la capital del país, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. El balance dejó cuatro uniformados lesionados y dos personas capturadas por daño en bien ajeno.

La Policía Nacional reiteró que continuará acompañando las etapas posteriores del proceso electoral, especialmente los escrutinios, para garantizar el orden público en todo el país.

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Capturas por delitos electorales: Policía reporta tres casos y refuerza custodia del material en escrutinios

Nación Paisa — Mon, 22 Jun 2026 16:42:33 +0000

Las capturas por delitos electorales marcaron el balance de seguridad de la segunda vuelta presidencial, que según la Policía cerró sin alteraciones de orden público en los puestos de votación. Con el cierre de urnas, el despliegue pasó a concentrarse en la protección del material electoral durante la etapa de escrutinios.

El balance oficial: tres capturas electorales y 73 por orden judicial

El director de la Policía Nacional, el general William Rincón, aseguró que durante la jornada “no se registraron alteraciones de orden público”. En ese marco, la institución reportó tres capturas por delitos electorales en casos ocurridos en Valledupar, Puerto Inírida e Itagüí.

A esas acciones se sumó una captura por lavado de activos en Cantagallo (Bolívar), donde las autoridades incautaron 109 millones de pesos. En paralelo, el dispositivo policial también se usó para ejecutar órdenes pendientes: el balance incluyó 73 capturas por orden judicial en 52 municipios de 25 departamentos.

Según la Policía, 36 de los detenidos eran requeridos por delitos sexuales, 11 por homicidio, seis por violencia intrafamiliar, tres por concierto para delinquir y 16 por otros delitos. En convivencia ciudadana, la institución informó la imposición de 863 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

En materia de alertas ciudadanas, la línea 157 anticorrupción recibió 78 llamadas, de las cuales 75 estuvieron relacionadas con posibles delitos electorales. Además, la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) canalizó 2.815 reportes, frente a 2.734 denuncias en la primera vuelta.

Incidentes durante la votación y un plan de contingencia en el río Cauca

Uno de los hechos que activó la reacción de autoridades ocurrió en el Bajo Cauca antioqueño, cuando una embarcación que transportaba material electoral por el río Cauca se incendió en jurisdicción de Nechí. Las autoridades establecieron que se trató de un accidente y activaron un plan de contingencia para evitar afectaciones en la apertura de las mesas.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López Barreto, explicó que parte de los elementos pudo recuperarse y que la Registraduría dispuso recursos aéreos para suplir lo perdido. “La Registraduría ya está poniendo un helicóptero al sitio para restablecer el material electoral”, afirmó el oficial.

En otro reporte de la jornada, las autoridades informaron el hallazgo de 16 personas reportadas como desaparecidas, ubicadas cuando acudieron a votar. Los casos se registraron en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, según el seguimiento electoral.

Fuerza Pública pasa a la fase de escrutinios y reporta un operativo frustrado en Chocó

Tras el cierre de urnas, las Fuerzas Militares iniciaron la fase de acompañamiento a los escrutinios y al traslado de actas y documentos electorales. López Barreto envió un mensaje a los uniformados y resaltó el “absoluto respeto a la Constitución y a la ley y a la neutralidad” durante la jornada democrática.

Desde el puesto de mando unificado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la coordinación entre entidades y llamó a mantener alerta el despliegue tras la ejecución del operativo electoral. “La fortaleza en estas elecciones es esta articulación”, dijo.

La jornada también dejó un episodio bajo investigación judicial en Carmen de Atrato (Chocó). La Policía identificó a alias Alejandro, señalado integrante de una estructura del Eln y requerido por tres órdenes de captura por rebelión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes y concierto para delinquir. La institución indicó que el procedimiento no se concretó porque integrantes de una comunidad indígena intervinieron y no permitieron la captura, cuando el señalado permanecía en un bus que cubría la ruta Carmen de Atrato–Ciudad Bolívar. Las autoridades anunciaron actuaciones para establecer lo ocurrido y acciones legales contra quienes interrumpieron el procedimiento policial.

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A prisión cuatro presuntos integrantes de ‘Los Correcaminos’, señalados de cometer 40 hurtos de autopartes en Boyacá

Andres Trujillo — Sat, 20 Jun 2026 05:59:52 +0000

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Correcaminos’, una estructura señalada de cometer decenas de robos de autopartes en municipios de Boyacá y corredores viales del departamento.

Los procesados fueron identificados como Andrea Carolina Tavera Paloma, William Alexánder Gutiérrez Amaya, Aider Johan Salazar Peña y Angie Nicolle Moreno Hernández, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una red dedicada al hurto sistemático de componentes de vehículos.

De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización recorrían durante las noches la vía Bogotá–Tunja y otras carreteras cercanas en busca de automotores estacionados en paradores o zonas de parqueo.

Las autoridades establecieron que antes de ejecutar los robos verificaban las condiciones de seguridad de cada lugar, identificaban la ubicación de cámaras de vigilancia y analizaban posibles rutas de escape para evitar ser detectados.

Posteriormente, utilizando herramientas especializadas, entre ellas cizallas, presuntamente desactivaban sistemas de monitoreo y sustraían computadores, sensores electrónicos y otras piezas esenciales para el funcionamiento de los vehículos.

Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, la estructura estaría vinculada a 40 casos de hurto de autopartes ocurridos entre octubre de 2025 y 2026 en diferentes municipios de Boyacá, entre ellos Monguí, Tópaga, Belén, Tipacoque, Floresta, Duitama, Susacón, Otanche, San Pablo de Borbur, Guacamayas, Panqueba, El Cocuy, Zetaquirá, Rondón, Guateque, Sogamoso, Guayatá, Cómbita y Moniquirá.

Las investigaciones indican que el valor de los elementos hurtados superaría los 450 millones de pesos, afectando a propietarios de vehículos en distintas zonas del departamento.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los cuatro procesados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados por los investigados.

Tras evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más personas vinculadas a esta organización y establecer si la red estaría relacionada con otros hechos similares registrados en diferentes regiones del país.

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Juzgado ordena al Gury a disculparse con Esteban Restrepo

Nación Paisa — Sat, 20 Jun 2026 02:28:17 +0000

Un juzgado de Medellín ordenó al concejal Andrés Rodríguez ofrecer excusas públicas al actual secretario de la Superintendencia Nacional de Salud, Esteban Restrepo, tras considerar que vulneró sus derechos al referirse a él como «rata» en publicaciones realizadas a través de redes sociales.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 27 Penal del Circuito, que resolvió un recurso relacionado con el caso y reiteró que los funcionarios públicos no pueden utilizar sus plataformas digitales para atribuir conductas delictivas a una persona sin que existan pruebas o una condena judicial en firme.

Según la providencia, el concejal deberá retractarse y presentar disculpas públicas en cumplimiento de la orden judicial. Tras conocerse la decisión, Esteban Restrepo aseguró a través de sus redes sociales que el fallo representa una nueva victoria judicial en el proceso que adelanta contra el cabildante.

«Le he ganado tercer round al concejal de Medellín alias ‘El Gury’. El juzgado ha ordenado incidente de desacato. De no retractarse y pedir disculpas públicas, su fin será el arresto en los próximos días», manifestó Restrepo.

Le he ganado tercer round al concejal de Medellín alias “El Gury” el juzgado ha ordenado incidente de desacato. De no retractarse y pedir disculpas públicas, su fin será el arresto en los próximos días. pic.twitter.com/uFVMVuUktI

— Esteban Restrepo (@estebanrestre) June 19, 2026

Por su parte, Andrés Rodríguez publicó un mensaje en el que señaló que acata un fallo judicial y realizó una retractación sobre las expresiones utilizadas contra el funcionario.

«Acatando el fallo del Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías manifiesto que le dije ‘rata’ al señor Esteban Restrepo, pero no lo es. (…) Incluso, aún no tiene ningún proceso que lo vincule a alguna organización criminal», escribió el concejal.

No obstante, en la misma publicación Rodríguez mantuvo cuestionamientos políticos relacionados con la administración del exalcalde Daniel Quintero y con personas que hicieron parte de ese gobierno.

Acatando el fallo del juzgado CUARENTA Y DOS PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS manifiesto que le dije rata al señor @estebanrestre pero no lo es, es un ser sintiente.
Le dije que era un capo de la bacrim del pinturismo, pero no lo es, el capo es el imputado…

— Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) June 18, 2026

El caso se enmarca en una controversia judicial derivada de publicaciones realizadas por el concejal en redes sociales y que, según determinó la justicia, excedieron los límites de la libertad de expresión al atribuir conductas delictivas sin sustento judicial.

Con esta decisión, el despacho judicial reiteró que el ejercicio del debate político debe respetar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de las personas, incluso cuando se trate de funcionarios o figuras públicas.

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Defensa de Sneyder Pinilla pide a la Corte Suprema respetar su derecho a guardar silencio en caso UNGRD

Nación Paisa — Fri, 19 Jun 2026 15:30:59 +0000

La defensa del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que su cliente continuará colaborando con la justicia, pero advirtió que no renunciará a las garantías constitucionales que lo protegen de la autoincriminación.

La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) suma un nuevo episodio judicial. La defensa del exsubdirector de la entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, presentó una constancia constitucional ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se respete el derecho de su cliente a guardar silencio frente a determinados interrogatorios.

El documento fue radicado por la firma Gustavo Moreno Abogados Penalistas ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, en el marco de la investigación que adelanta el alto tribunal contra la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú.

La defensa aclara el alcance de la colaboración de Pinilla

Según el memorial, Pinilla ejercerá su derecho constitucional a no autoincriminarse cuando sea interrogado sobre asuntos relacionados con su gestión en la UNGRD o sobre presuntos vínculos con congresistas y otros aforados que no hagan parte de los acuerdos de colaboración previamente suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

La defensa sostiene que esta decisión no constituye una negativa a colaborar con la justicia ni representa un cambio en la estrategia procesal del exfuncionario.

«La colaboración que mi representado ha prestado a la administración de justicia no puede interpretarse como una renuncia general, ilimitada o irrestricta a sus garantías constitucionales», señala el documento firmado por el abogado Juan Camilo Fuentes Rueda.

En ese sentido, argumenta que cualquier asunto que esté por fuera del principio de oportunidad o de los compromisos adquiridos con la Fiscalía continúa protegido por el artículo 33 de la Constitución Política, que consagra el derecho a no declarar contra sí mismo.

La controversia por el celular entregado a las autoridades

Uno de los puntos centrales de la constancia se refiere al teléfono celular que Pinilla entregó voluntariamente durante las investigaciones.

La defensa sostiene que la información contenida en ese dispositivo fue suministrada dentro de un contexto específico de cooperación y que no puede utilizarse de manera ilimitada para abrir nuevos procesos o generar autoincriminaciones sobre hechos distintos a los ya acordados.

Asimismo, el documento cuestiona que las filtraciones de chats, audios y otros elementos del expediente a medios de comunicación no eliminan las garantías procesales del exfuncionario.

«Una filtración, aun cuando haya producido exposición mediática, no convierte la información en un objeto libre de indagación ilimitada, ni obliga al compareciente a explicar, contextualizar o autenticar mensajes que puedan generar consecuencias jurídico-penales en su contra», señala la defensa.

Las solicitudes elevadas a la Corte Suprema

En la constancia presentada ante la magistrada instructora, el equipo jurídico de Sneyder Pinilla formuló varias solicitudes para las diligencias judiciales:

Que se reconozca plenamente el derecho de su defendido a guardar silencio sobre hechos relacionados con la UNGRD que no estén comprendidos dentro de los acuerdos de cooperación.
Que exista una protección especial frente a preguntas derivadas del contenido del teléfono celular entregado voluntariamente.
Que el ejercicio del derecho al silencio no sea interpretado como un indicio de responsabilidad, obstrucción de la justicia o mala conducta procesal.
Que quede registrado expresamente en las actas cada vez que la defensa invoque el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 durante las diligencias.

Un nuevo capítulo en el caso UNGRD

Con esta actuación, la defensa de Sneyder Pinilla busca delimitar el alcance de las declaraciones que rendirá durante el proceso y dejar constancia de que la cooperación con las autoridades no implica la renuncia a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

El caso UNGRD continúa siendo uno de los procesos por presunta corrupción con mayor impacto político y judicial en Colombia, mientras avanzan las investigaciones que involucran a exfuncionarios, contratistas y congresistas.

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