La información fue entregada por Migración Colombia, entidad que indicó que la mujer, de 33 años, era requerida por las autoridades judiciales en el Valle del Cauca y figuraba en el cartel de las personas más buscadas de la región, con una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permitiera su ubicación.

Alias “Pelirroja” fue detenida por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y posteriormente trasladada a Colombia en un vuelo de deportados. A su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, fue recibida por oficiales de Migración Colombia, quienes realizaron el procedimiento de identificación y control migratorio antes de ponerla a disposición de las autoridades competentes.

Según informó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, la captura y expulsión se logró mediante mecanismos de cooperación entre las autoridades colombianas y chilenas.

La mujer tenía vigentes tres órdenes de captura emitidas por un juzgado penal con funciones de control de garantías por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Migración Colombia señaló que mantiene coordinación permanente con varios países de Sudamérica para facilitar la ubicación y retorno de ciudadanos colombianos requeridos por la justicia nacional.

Las autoridades indicaron que alias “Pelirroja” quedará a disposición de las entidades judiciales encargadas de adelantar los procesos penales en su contra.

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De acuerdo con el ente acusador, el mandatario es investigado por presuntamente realizar exigencias ilícitas a cambio de facilitar la expedición de una licencia de construcción para un proyecto urbanístico.

Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indican que Gamboa Chaparro habría sostenido reuniones y conversaciones mediante mensajes de texto y notas de voz con la representante legal de una empresa de inversiones interesada en obtener el permiso.

La investigación señala que inicialmente el alcalde habría solicitado contratar a una persona cercana, posteriormente aumentarle el salario y finalmente entregar dinero, presuntamente a cambio de favorecer la expedición de la licencia requerida.

Para la Fiscalía, estas actuaciones podrían constituir un abuso de sus funciones y un uso indebido del cargo público.

Por estos hechos, el mandatario será presentado ante un juez y la Fiscalía le imputará los delitos de concusión y prevaricato por acción.

El caso hace parte de las investigaciones que adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción relacionadas con posibles irregularidades en trámites administrativos y urbanísticos en distintas regiones del país.

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Los capturados fueron identificados como Diego Fernando Mena Serna, Camilo Ramírez Mena, Mauricio Hurtado Moreno y Aldair José de Arco Cardales, quienes serían responsables de múltiples robos ocurridos desde comienzos de 2025.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía, los procesados presuntamente intimidaban y agredían con armas de fuego y armas cortopunzantes a residentes, transeúntes y ciudadanos extranjeros que transitaban por esta zona de la capital antioqueña.

Las autoridades señalaron que, tras interceptar a las víctimas, los delincuentes las trasladaban a sitios apartados o corredores de escape para evitar la reacción inmediata de la Policía. Allí les robaban sus pertenencias y, además, las obligaban a entregar claves y accesos de aplicaciones bancarias para realizar transferencias de dinero.

Las investigaciones permitieron establecer que la banda operaba con funciones específicas entre sus integrantes. Según el expediente, algunos se encargaban de perfilar a las víctimas, otros de interceptarlas y reducirlas violentamente, mientras otros vigilaban el entorno y facilitaban la huida tras cometer los robos.

La Fiscalía indicó que, mediante siete denuncias y diferentes actos investigativos, se logró identificar a los presuntos responsables y documentar su posible participación en varios hechos delictivos.

Según las autoridades, la estructura criminal se habría apropiado de más de 41 millones de pesos entre dinero en efectivo y transferencias bancarias, además de celulares de alta gama, joyas y tarjetas bancarias. El valor total de los hurtos superaría los 120 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

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En la misma decisión judicial, la Corte absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz, quien también era investigado dentro del proceso por presuntas irregularidades contractuales.

Según el fallo, Guzmán Mendoza intervino en la tramitación y celebración de los convenios de cooperación números 150 y 151 de 2008, firmados con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo.

Los contratos, que superaban los $470 millones, tenían como objetivo la fabricación de artículos lúdico-didácticos destinados a niños de bajos recursos del departamento.

Sin embargo, la Corte concluyó que las fundaciones contratadas no contaban con experiencia ni objeto social relacionado con la fabricación de juguetes, por lo que habrían sido utilizadas como fachada en la contratación.

Corte cuestionó uso de recursos públicos

Durante el proceso también se estableció que Guzmán Mendoza expidió el Decreto 0323 del 15 de diciembre de 2008 para modificar el presupuesto departamental y destinar recursos provenientes de cuotas partes pensionales a actividades culturales decembrinas y compra de juguetes.

La Sala determinó que dichos recursos tenían destinación específica y no podían ser utilizados para esos fines, por lo que la actuación vulneró disposiciones constitucionales y legales.

En la sentencia, la Corte cuestionó fuertemente el comportamiento del exmandatario y aseguró que utilizó el aparato institucional para legitimar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

“El proceder de Guzmán Mendoza no solo denota desprecio por la función pública y por los principios que la rigen, sino que revela una actitud de abierta instrumentalización del derecho”, señaló la Sala en el fallo.

Exgobernador encargado fue absuelto

Frente a Camilo Augusto Otaya Díaz, quien ejercía como gobernador encargado para la época de los hechos, la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar una actuación dolosa.

La Fiscalía lo señalaba de haber autorizado avances de dinero para la compra de insumos, participar en reuniones donde se socializó la estrategia contractual y expedir resoluciones relacionadas con la idoneidad de las fundaciones.

No obstante, la Sala consideró que no se configuraban los elementos necesarios para declararlo penalmente responsable y ordenó su absolución.

Ordenan captura inmediata

Como parte de la condena, la Corte Suprema impuso a Felipe Guzmán Mendoza una pena de 110 meses y 22 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 124 meses y 16 días.

También fue condenado al pago de una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.

La Corte negó beneficios como la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura inmediata y reclusión en un centro penitenciario definido por el Inpec.

Según las autoridades, la captura ya fue materializada.

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El caso se registró en un establecimiento nocturno, donde inicialmente la Policía atendió un presunto robo de celulares en el que dos mujeres fueron señaladas por la comunidad. Ambas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) para verificar su identidad.

Durante el procedimiento, funcionarios de la Secretaría de Seguridad detectaron inconsistencias en los datos de una de las implicadas. Tras la verificación con la Policía Judicial, se confirmó que se trataba de Indira Surgey Orrego, quien se habría identificado con la cédula de su hermana para evadir a las autoridades.

Orden de captura y condena vigente

Según las autoridades, la mujer tenía una condena de 90 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por el uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Modus operandi bajo investigación

Las investigaciones indican que la capturada estaría relacionada con varios casos de hurto en establecimientos del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las indagaciones, presuntamente se hacía pasar por profesional de la salud para ganarse la confianza de sus víctimas y luego utilizar sustancias para facilitar los robos.

Las autoridades señalaron que varias víctimas ya han sido identificadas y se encuentran en proceso de presentar denuncias ante la Fiscalía.

Llamado a las víctimas

Desde la administración municipal hicieron un llamado a las personas que puedan haber sido afectadas para que se acerquen a las autoridades y formalicen las denuncias.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, indicó que se brindará acompañamiento a las víctimas durante el proceso judicial.

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De acuerdo con la investigación, adelantada por la Seccional de Investigación Criminal, los implicados —tres dragoneantes y un auxiliar— habrían aprovechado su rol institucional para ingresar elementos prohibidos como drogas, teléfonos celulares y licor al interior del centro carcelario.

Las autoridades indicaron que estos elementos eran presuntamente utilizados como mecanismo de presión para obligar a personas privadas de la libertad a realizar actos sexuales. Además, se estableció que a una interna le habrían asignado funciones de control, lo que facilitaba el acceso a otras reclusas y su sometimiento a las exigencias de los capturados.

Las investigaciones también señalan que, en algunos casos, se habrían suministrado sustancias estupefacientes para generar condiciones de indefensión en las víctimas. En total, se documentaron seis hechos relacionados con delitos sexuales y nueve con tráfico de drogas dentro del establecimiento.

Las capturas se realizaron en inmediaciones del centro penitenciario y en sectores como Caribe y Castilla. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales dentro del sistema penitenciario.

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La acción se desarrolló en la vereda El Prodigio, donde fueron intervenidas dos unidades de producción minera ilegal en el marco de la operación “Hefesto”, una estrategia orientada a combatir delitos ambientales y proteger los recursos naturales.

Durante el procedimiento, las autoridades inutilizaron maquinaria y equipos utilizados en estas actividades, entre ellos dos excavadoras de alto valor —una marca Komatsu y otra Zoomlion—, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión.

Según las autoridades, estas acciones buscan frenar el deterioro ambiental generado por la minería ilegal, especialmente en fuentes hídricas y suelos, así como afectar las economías ilícitas que operan en distintas subregiones de Antioquia.

La Policía reiteró que este tipo de intervenciones hacen parte de una estrategia sostenida para combatir los delitos ambientales en el territorio e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo el patrimonio ecológico.

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Las acciones se concentraron en las comunas de Belén, Laureles y El Poblado, donde fueron intervenidos apartamentos de renta corta, inmuebles y establecimientos comerciales mediante 10 diligencias de registro y allanamiento.

Los operativos, liderados por la Policía Nacional en articulación con el CTI de la Fiscalía y con apoyo del Ejército, estuvieron enfocados en delitos como inducción a la prostitución, trata de personas y tráfico de estupefacientes.

Como resultado, fue capturado un hombre por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Además, las autoridades incautaron tres armas de fuego —dos pistolas y una carabina—, así como dos armas traumáticas.

Durante los procedimientos también se recolectó material clave para las investigaciones, entre ellos 154 teléfonos celulares, 10 computadores portátiles, tabletas, memorias y sistemas de grabación, que serán analizados para establecer posibles redes delictivas.

En los lugares intervenidos fueron halladas pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, así como documentos, pasaportes y registros contables que podrían evidenciar actividades ilegales.

En el componente administrativo, dos establecimientos fueron sancionados con suspensión temporal de su actividad económica por incumplir requisitos legales, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan debilitar estructuras que operan bajo la fachada de actividades legales y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad en la ciudad.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron cuando los presuntos responsables, de 21 y 37 años, intimidaron con arma de fuego a una mujer que se movilizaba en su vehículo, despojándola de una cadena y un teléfono celular.

Tras el reporte del caso, se activó un plan candado coordinado entre la Policía y la sala situacional de la Alcaldía de Medellín, lo que permitió hacer seguimiento a los sospechosos a través de cámaras de seguridad.

La ubicación de los hombres se logró en la comuna de Robledo, donde unidades de vigilancia realizaron la captura.

Durante el procedimiento fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaban, la cual, según las autoridades, habría sido utilizada en otros hechos delictivos. Además, se recuperaron tres teléfonos celulares.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. A uno de ellos se le imputarán cargos por falsedad marcaria, debido a irregularidades en la identificación del vehículo, mientras que el otro deberá responder por fuga de presos, tras evidenciarse que portaba un brazalete electrónico.

Las autoridades indicaron que continúan las acciones operativas para contrarrestar el hurto en la ciudad e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas de atención.

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El detenido, conocido con los alias de “Flaco” o “Choroto”, es investigado por los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado, según información de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el capturado haría parte de la denominada Subestructura 18, vinculada al Bloque Occidental Jacobo Arenas, una organización ilegal que mantiene operaciones en departamentos como Cauca y Valle del Cauca.

Las investigaciones señalan que el hombre cumplía funciones relacionadas con la gestión de recursos financieros, incluyendo actividades de testaferrato, coordinación de economías ilegales y apoyo logístico para el funcionamiento de la estructura.

También estaría vinculado al reclutamiento ilícito, especialmente de menores de edad, a quienes, según las autoridades, captaba mediante engaños y ofrecimientos económicos.

Además, se le atribuyen labores de seguimiento a empresarios y posibles objetivos para extorsión, así como la articulación de redes entre estructuras ilegales en distintas regiones del país.

Durante el procedimiento fueron incautados proveedores para pistola, munición calibre 9 mm, un teléfono celular y más de 20 millones de pesos en efectivo.

Las autoridades sostienen que el capturado también habría participado en la adquisición de equipos como drones y material explosivo, utilizados en acciones contra la Fuerza Pública.

El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Este caso se da en medio de operativos contra estructuras armadas residuales y sus redes de apoyo, que continúan teniendo presencia en varias regiones del país.

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