El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín revocó la detención domiciliaria de Miguel Andrés Quintero Calle y ordenó que permanezca en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana con Bomberos de Itagüí. Su hermano, el exalcalde Daniel Quintero, denunció un supuesto trato degradante y habló de persecución política.

Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, luego de que un juez de segunda instancia revocara la detención domiciliaria que cumplía desde el pasado 2 de octubre. La decisión se tomó en el proceso penal que se adelanta por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín resolvió la apelación presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas. El despacho modificó parcialmente la decisión inicial y ordenó que la medida de aseguramiento se cumpla en un establecimiento de reclusión, en lugar de la residencia del investigado.

Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determinó que Quintero Calle fuera recluido en el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá. Su traslado se realizó el viernes 30 de octubre, bajo custodia de las autoridades.

¿Por qué revocaron la detención domiciliaria?

La decisión judicial se produjo después de que las partes apelaran la medida adoptada el 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que había autorizado que Miguel Quintero permaneciera privado de la libertad en su domicilio.

Durante la sustentación de los recursos, la Fiscalía argumentó que la detención domiciliaria no era suficiente para controlar los riesgos que, según el ente acusador, representaría el investigado para el desarrollo de la actuación penal. Entre los aspectos expuestos estuvieron sus presuntas posibilidades de comunicarse con otros involucrados e influir en personas relacionadas con la investigación.

El juez de segunda instancia consideró que la medida en residencia no resultaba suficiente para neutralizar esos riesgos y ordenó la detención preventiva en un establecimiento carcelario.

La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente 17.656 millones de pesos.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, en esos negocios se habría estructurado un esquema de direccionamiento contractual y pago de presuntas comisiones. El ente acusador señala que Miguel Quintero habría recibido cerca de 1.653 millones de pesos y que el monto total de los recursos presuntamente apropiados ascendería a 2.481 millones de pesos.

El investigado fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Sin embargo, no aceptó los cargos.

En el mismo proceso también fueron vinculados otros exfuncionarios y particulares. Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los investigados, continuará bajo las condiciones no privativas de la libertad definidas por el despacho judicial.

Daniel Quintero cuestionó el traslado de su hermano

Tras conocerse la decisión y las imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita, Daniel Quintero reaccionó públicamente y cuestionó el tratamiento dado a su familiar.

El exalcalde sostuvo que su hermano está siendo presentado como responsable de delitos sin que exista una condena en su contra. También calificó la actuación como una forma de persecución política y pidió la intervención de la justicia.

“Estamos en un Gobierno abiertamente autoritario y fascista, dispuesto a acabar a todo el que piense diferente. Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio ni ha sido condenado por ningún delito. Lo tratan como a un criminal y lo presentan como un trofeo de guerra. Solo los jueces pueden parar este abuso”, expresó en su cuenta de X.

En otro pronunciamiento, el exmandatario cuestionó que su hermano fuera trasladado a un centro penitenciario en Boyacá, lejos de su hija de seis años, quien permanece en Medellín. También aseguró que el progresismo enfrenta una persecución política.

Posteriormente, Daniel Quintero insistió en sus críticas al presidente Abelardo De la Espriella y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En uno de sus mensajes manifestó: “El trato de criminal que se le ha dado a mi hermano dice más de quienes nos gobiernan que de Miguel”.

Reacciones políticas en Medellín

La decisión judicial también generó pronunciamientos de dirigentes políticos de Antioquia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró que se revocara la detención domiciliaria y recordó que la administración distrital había apelado esa determinación.

“Se empieza a hacer justicia”, escribió el mandatario en X, donde también dirigió cuestionamientos contra el exalcalde Daniel Quintero.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, calificó la decisión como una victoria para la ciudad y afirmó que continuará haciendo seguimiento al caso.

Desde otro sector político, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, rechazó la forma en que se presentó públicamente el traslado del investigado. Señaló que exhibir a una persona como un trofeo resulta degradante y cuestionó el mensaje institucional que, a su juicio, se transmite con ese tipo de actuaciones.

El presidente Abelardo De la Espriella también se refirió al caso y celebró que Miguel Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario.

El proceso penal continúa

El traslado a Cómbita modifica el lugar en el que Miguel Andrés Quintero Calle deberá cumplir la medida de aseguramiento, pero no significa que haya sido condenado por los hechos investigados.

La Fiscalía deberá continuar con el proceso y sustentar sus señalamientos ante la justicia, mientras que la defensa podrá controvertir las pruebas y argumentos presentados por el ente acusador.

El caso mantiene la atención pública en Medellín y el Valle de Aburrá por el valor de los contratos bajo investigación, las personas vinculadas y las repercusiones políticas que ha generado. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser establecida por los jueces competentes.