La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó este jueves su “más seria preocupación” por las recientes declaraciones del presidente, Gustavo Petro, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes cuestionaron el trámite judicial que se adelanta en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional.

Según la organización, esas afirmaciones “representan un riesgo para la separación de poderes y erosionan la legitimidad del sistema judicial colombiano”.

En un comunicado, la CEJ advirtió que los señalamientos hechos por el presidente, quien calificó de “golpe de Estado” el posible bloqueo a la entrada en vigencia de la ley, y las afirmaciones del ministro Benedetti, quien planteó dudas sobre las motivaciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, “ponen en duda la autonomía de la Corte Constitucional” y constituyen una “amenaza directa” contra toda la rama judicial.

La organización explicó que el requerimiento de pruebas adicionales por parte del magistrado Ibáñez es un procedimiento ordinario dentro del control constitucional y se sustenta en el principio de necesidad de la prueba, parte esencial del debido proceso que debe ser respetado por todos los poderes públicos.

Lea también: Chaplin vuelve a cine en Colombia

La CEJ señaló que deslegitimar a los magistrados, atribuyéndoles motivaciones políticas, afecta gravemente la función esencial del juez y “lastima la estabilidad institucional”. También alertó sobre el precedente que podría sentarse si se mantiene esta práctica de desacreditar las decisiones judiciales desde el Ejecutivo, pues incrementa el riesgo de prácticas autoritarias.

“La independencia judicial, la separación de poderes y el respeto por las reglas del Estado Social de Derecho son pilares fundamentales de la democracia”, subrayó la entidad, al reiterar que las decisiones de los jueces deben adoptarse con libertad, sin presiones ni señalamientos externos.

Mientras continúa el trámite judicial, la Corte Constitucional solicitó 17 pruebas a distintas entidades del Ejecutivo y la Cámara de Representantes para verificar si la segunda votación de la reforma pensional en el Congreso subsanó los vicios advertidos previamente. Hasta tanto no se recauden esas evidencias, el proceso de revisión del articulado permanecerá suspendido.

La CEJ concluyó su pronunciamiento recordando que defender la autonomía judicial es imperativo para evitar la concentración de poder y garantizar los derechos de la ciudadanía.

Por Colprensa