La reunión convocada este martes por el Ministerio de Trabajo entre la empresa CENIT, filial del Grupo Ecopetrol, y la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) concluyó sin avances. El encuentro buscaba instalar la mesa de negociación del pliego de peticiones radicado el 17 de marzo de 2023, tal como ordenó el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá dentro de una acción de tutela interpuesta por el sindicato.

Pese a la citación oficial, CENIT reiteró que no tiene voluntad de iniciar la negociación, decisión que mantiene sin trámite las solicitudes de los trabajadores y contraviene —según la SUO— la legislación laboral, los convenios 87, 98 y 154 de la OIT y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La negativa sostenida de la empresa llevó a la SUO a presentar una denuncia penal, actualmente en etapa de investigación, por presuntas irregularidades atribuidas a algunos directivos. El sindicato afirma que la falta de negociación prolonga una crisis laboral que afecta a trabajadores trasladados desde Ecopetrol y a nuevos empleados.

Representantes de la SUO aseguraron que no hubo disposición de CENIT para acatar la orden judicial ni para avanzar en el diálogo. Incluso señalaron que durante el encuentro surgieron referencias a hechos que hoy son parte de una investigación penal, los cuales —dijeron— serán reportados a las autoridades.

Reacciones

  • Carlos Roncancio, asesor legal de la SUO, afirmó que la empresa “se negó a reconocer el derecho de negociación” y mantuvo su rechazo a instalar la mesa.

  • Ariel Corzo, directivo de la USO, señaló que la decisión implica un desconocimiento de la autoridad convocante y de los derechos adquiridos por trabajadores trasladados y nuevos.

  • William Silgado, presidente de la SUO, sostuvo que la situación refleja una pugna derivada de la sustitución patronal acordada entre Ecopetrol y CENIT, origen del conflicto actual.

La ausencia de avances profundiza las tensiones en un sector estratégico para el transporte de hidrocarburos. El sindicato advierte que la conducta de la empresa constituye un desafío directo a la autoridad estatal y a la orden judicial obligatoria.

La SUO pidió nuevamente la intervención del Gobierno y de las autoridades competentes para hacer cumplir la decisión del Juzgado 11 y garantizar el derecho a la negociación colectiva.