La corte Suprema de Justicia en la sala de  primera instancia, condenó a Carlos Alberto Palacios Palacio exgobernador del Departamento de Putumayo, la pena es de 62 meses de prisión, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Además, la Sala de Primera Instancia determinó que la celebración del convenio, fue favoreciendo a la  fundación, cuyo gobernador de ese momento Palacios, no  se baso en los principios que rigen la contratación estatal. En el artículo 209 de la Constitución Política, allí se dice textualmente «la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad».

 

Ese contrato tenía que ver con el convenio de cooperación interinstitucional que celebró el 10 de noviembre del 2006 con la fundación integral para el desarrollo de los territorios (Funterritorios). Allí fueron las irregularidades. Porque el convenio tenía como propósito la “elaboración y diseño del Manual de Convivencia Ciudadana para el Departamento del Putumayo”, el cual tuvo un valor de 120 millones de pesos.

El fallo describe  lo siguiente,: “La falta absoluta de un verdadero proceso de selección objetiva y la evidente falta de idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro a la que se le adjudicó el contrato, evidencia la tipicidad objetiva del hecho, adecuación referida al entonces gobernador del departamento de Putumayo,Carlos Alberto Palacios Palacio, como quiera que a sabiendas de que no cumplían los requisitos esenciales, celebró el convenio, dada la trama ardida para privilegiar la adjudicación en favor de Funterritorios(…)”

El principio que vulneró el gobernador fue de selección objetiva del contratista, al no comprobar la idoneidad, experiencia, capacidad administrativa, entre otros aspectos concernientes al objeto del contrato de la fundación elegida Funterritorios.

El exgobernador pagará la pena en casa por cárcel, tendrá la opcón de apelar, ya se le fijo  una multa de 54.68 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicos .