El Consejo de Estado admitió formalmente una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, señalados de presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con un supuesto intercambio de contratos y cupos indicativos por apoyo legislativo a reformas del Gobierno.
La decisión fue adoptada por el despacho del magistrado ponente Juan Enrique Bedoya Escobar, que resolvió admitir la solicitud presentada por Pablo Antonio Bustos Sánchez, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, al considerar que cumple con los requisitos legales exigidos para dar inicio al proceso.
El auto judicial vinculó a los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagüi Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, así como a los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
La acción administrativa se fundamenta en los testimonios rendidos por los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron que varios congresistas habrían recibido beneficios contractuales a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. Según la demanda, los hechos podrían configurar tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.
Este proceso disciplinario avanza de manera paralela a la investigación penal que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra cinco de los implicados, quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). En ese escenario, la Corte los vinculó por el presunto delito de cohecho impropio.
Las pesquisas penales identificaron indicios sobre un patrón de votaciones ocurrido a finales de 2023, cuando la comisión emitió 13 conceptos de crédito gestionados por el Ministerio de Hacienda, presuntamente relacionados con la asignación de recursos a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Desde el inicio de las investigaciones, los congresistas han rechazado los señalamientos. El senador Juan Pablo Gallo afirmó que se trata de una estrategia de intimidación política y negó cualquier contacto con los exdirectivos de la UNGRD. En el mismo sentido, la senadora Liliana Bitar y el representante Wadith Manzur descartaron haber realizado gestiones ante la entidad.
El Consejo de Estado concluyó que las falencias iniciales de la demanda fueron subsanadas y ordenó el inicio formal del litigio, un proceso que, de prosperar, podría derivar en la pérdida de investidura, sanción conocida como “muerte política”, que implica la salida inmediata del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas.
