Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025 – El Consejo de Estado rechazó las solicitudes de nulidad interpuestas por la Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) dentro del proceso de tutela que ordenó no transmitir consejos de ministros por canales privados, locales, regionales y comunitarios. Al mismo tiempo, aceptó las impugnaciones presentadas por ambas entidades y reiteró que las sesiones del consejo de ministros no están obligadas por ley a ser reservadas.
La decisión, que ha generado reacciones desde distintos sectores del gobierno, fue interpretada por el presidente Gustavo Petro como un respaldo institucional a la libertad de expresión del Ejecutivo. “Le agradezco al Consejo de Estado restablecer la democracia, cuando algunos de sus miembros y miembros de la Comisión Reguladora de Comunicaciones intentaron censurar al gobierno”, expresó el mandatario.
Lo que dijo el Consejo de Estado
En un comunicado oficial, el alto tribunal explicó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia tuvo conocimiento oportuno de la acción de tutela y pudo ejercer el derecho a la defensa, razón por la cual no prosperó su solicitud de nulidad. En el caso de la CRC, aunque no fue vinculada formalmente en la primera instancia, su participación posterior fue considerada válida y suficiente para garantizar el debido proceso.
El Consejo también aclaró que no se pronunció sobre las solicitudes de nulidad presentadas por ciudadanos ajenos al proceso, ni sobre algunas coadyuvancias e intervenciones extemporáneas, por no contar con legitimación jurídica o por haber sido radicadas fuera del plazo legal.
Finalmente, el tribunal aceptó las impugnaciones presentadas a tiempo por la Presidencia y la CRC, que deberán ser evaluadas por el juez de segunda instancia.
¿Qué se decide realmente?
Más allá de las tensiones políticas, el Consejo de Estado no prohibió la transmisión de consejos de ministros por canales privados. Lo que se discutió es si la normativa obliga a que estas sesiones sean reservadas, concluyendo que no existe tal exigencia. Por lo tanto, será el Presidente quien determine si las reuniones de gobierno se transmiten o no, según las circunstancias de cada caso.
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