La Contraloría General de la República emitió una alerta tras evidenciar un volumen inusual de contratación pública durante enero de 2026. Según el ente de control, se firmaron compromisos por un valor de $32,88 billones de pesos, justo antes de que entrara en vigor la restricción de la Ley de Garantías. El informe destaca una preocupante concentración de recursos en la última semana del mes, donde se adjudicó el 45% del total del presupuesto contratado, lo que levanta sospechas sobre la transparencia en la ejecución del gasto.
En total, se registraron 521.269 contratos mediante la modalidad de contratación directa. El análisis territorial muestra que las regiones lideraron el gasto con 348.495 contratos por $17,7 billones, mientras que el nivel nacional sumó $14,87 billones. Este fenómeno alcanzó su punto máximo el 30 de enero, día en el que se firmaron contratos por un valor de $5,7 billones en solo 24 horas, una cifra récord que ha puesto a los organismos de control en máxima vigilancia.
Un dato alarmante es el crecimiento desproporcionado de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) a nivel nacional. En comparación con el mismo periodo de 2022, este rubro aumentó en 56.842 contratos, representando un incremento de $6,03 billones de pesos. Mientras que en 2022 el valor era de $8,84 billones, para este 2026 la cifra se disparó a $14,87 billones, evidenciando una dependencia crítica de esta modalidad de vinculación en el sector público.
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Este comportamiento contractual, concentrado en las vísperas de elecciones y restricciones legales, genera un debate sobre el posible uso de recursos públicos con fines proselitistas. La Contraloría continuará con el rastreo de estos fondos para asegurar que los contratos cumplan con los principios de necesidad y legalidad.
