La Contraloría General de Antioquia formuló imputación de cargos fiscales contra el gobernador Andrés Julián Rendón, por un posible daño al patrimonio público asociado a un proyecto de ciclorrutas que quedó inconcluso en el Oriente antioqueño, iniciativa impulsada cuando ejercía como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.
De acuerdo con el organismo de control, la propuesta fue presentada inicialmente por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y contemplaba una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, con intervenciones proyectadas en municipios como Rionegro y Marinilla. Sin embargo, el plan no se ejecutó como estaba previsto, pese a que se suscribió un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) e Indeportes Antioquia.
El ente fiscalizador precisó que, aunque las obras no se materializaron, se realizaron pagos por 26.186 millones de pesos a las empresas Ingecon e IDC, desembolsos que ahora hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal en curso.
La imputación no solo recae sobre el actual mandatario departamental. También fueron vinculados el gerente de VIVA, Rodrigo Hernández, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, así como una empresa contratista y una aseguradora internacional.
Con este proceso, la Contraloría busca determinar si los recursos públicos comprometidos generaron un perjuicio fiscal y establecer las posibles responsabilidades de los involucrados en un proyecto que avanzó en la fase contractual y financiera, pero que no se tradujo en la infraestructura anunciada.
