En una carrera contra el reloj legislativo, las entidades públicas de Colombia suscribieron cerca de 544 mil contratos por un valor histórico de $37 billones durante enero de 2026. Este fenómeno se presentó semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación directa para asegurar la transparencia durante los comicios. Según la Agencia Nacional de Contratación Pública, el reporte extraído del SECOP revela una actividad contractual sin precedentes en el inicio del año.
El análisis de las cifras muestra un protagonismo absoluto de las regiones. Por cada $100 ejecutados, $61 correspondieron a departamentos y municipios, sumando un total de $22,5 billones. En contraste, el orden nacional concentró el 39% restante con $14,5 billones. Esta concentración territorial sugiere una urgencia por asegurar recursos para proyectos locales antes de que las limitaciones legales congelen la posibilidad de realizar convenios interadministrativos y contrataciones directas.
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La modalidad de contratación directa fue la herramienta principal para agilizar estos procesos, alcanzando los $28,5 billones entre el 1 y el 30 de enero. De esta suma, las entidades territoriales lideraron con $16,2 billones (57%), mientras que el nivel central ejecutó $12,3 billones (43%). Es importante destacar que, aunque esta modalidad está amparada por la ley para casos de urgencia o proveedores únicos, su uso masivo en periodos preelectorales suele ser objeto de lupa por parte de los organismos de control como la Contraloría.
A nivel nacional, el SENA encabezó la lista con más de 37.600 contratos que superan los $1,7 billones, seguido por el ICBF con $1,2 billones. Otras entidades con movimientos significativos fueron la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Educación.
